Personal de la Policía de Investigaciones trasladó a la exautoridad desde Viña del Mar, ciudad donde reside, hasta la capital, puntualmente al cuartel de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Ñuñoa.
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Este jueves 14 de noviembre se cumple un mes del inicio de la investigación contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la presunta violación de una subalterna, la Fiscalía Centro Norte emanó la orden de detención la jornada de este jueves y funcionarios de la PDI llegaron hasta el domicilio de la exautoridad ubicada en Viña del Mar.
Monsalve fue trasladado al cuartel de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Ñuñoa y quedará retenido a la espera que la fiscalía de a conocer la fecha para la audiencia de formalización.
Además, este jueves, a solicitud del mismo Gobierno, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) definirá si se querella por eventuales delitos funcionarios, entre ellos la polémica intervención de la PDI a petición del mismo Monsalve.
En ese contexto, los fiscales a cargo del caso, Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, deben definir fecha de formalización del exsubsecretario, tomando en cuenta que las indagatorias iniciales ya serían suficientes para solicitar audiencia.
Levantamientos de cámaras, pruebas de ADN, declaraciones de la víctima y testigos, incluso del Presidente Gabriel Boric, la ministra Carolina Tohá y del subsecretario Luis Cordero, ya están en poder de los fiscales para una decisión.
Con todos estos antecedentes, la fiscalía formalizaría a Monsalve por al menos tres presuntos delitos: abuso sexual por sorpresa cometido el 1 de septiembre, violación consumada el 22 de septiembre y violación tentada el lunes 23, estas dos en el Hotel Panamericano.
Está por definirse si a Monsalve también se le van a imputar el delito de obstrucción a la investigación o infracción a la Ley de Inteligencia, por las instrucciones que dio a funcionarios de la PDI para acosar a la víctima e intervenir los sitios del suceso.
Asimismo, en la jornada de este jueves el Consejo de Defensa del Estado resolverá si se hace parte en la causa, luego de la instrucción que le dio el gobierno para analizar acciones. Se trataría de al menos cuatro delitos funcionarios: obstrucción a la investigación, violación de secreto, infracción a la Ley de Inteligencia y amenazas.
PURANOTICIA
