Empresarias que pusieron las micros para operar el servicio de Ferrobus S.A. interpusieron una querella por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, la que apunta contra el ingeniero que las persuadió para que dispusieran recursos con el compromiso de que éste les transferiría el subsidio de más de 70 millones de pesos que entrega Transportes.
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El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible una querella criminal por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, presentada por dos empresarias dedicadas al rubro microbusero del Gran Valparaíso, en contra de un ingeniero identificado como Claudio Farías Monsalve, quien se quedó con un trato directo para prestar servicios de transporte que antes realizaba la empresa Fenur S.A..
Fue mediante cuatro Resoluciones Exentas del año 2021 cuando el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puso término –mediante cancelación– a la adjudicación de las líneas 120 122, 123 y 125 de Fenur S.A., operadora de la Unidad de Negocio 01 del perímetro de exclusión del Gran Valparaíso, conurbación que agrupa las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.
Bajo este contexto, el 3 de febrero de 2023, la Seremi de Transportes de Valparaíso convocó a diversas empresas para que participaran de un trato directo para prestar servicios de transporte público en las líneas caducadas, siendo justamente el querellado uno de los destinatarios del convenio implementado por el Gobierno.
Según indica la acción judicial –a la que Puranoticia.cl accedió–, Claudio Farías fue empleado durante años de Fenur S.A., por lo que conocía al revés y al derecho el funcionamiento del sistema, además de cultivar vínculos con pequeños empresarios del rubro que prestaban servicio como "operadores de transportes" para la firma.
Valiéndose de esta red de contactos, el querellado ubicó a estos pequeños empresarios para invitarlos a sumarse a la invitación que recibió, invocando para ello su amplia experiencia en el rubro y la confianza que tenían en él. Así logró que aportaran recursos para extender las garantías exigidas por el Ministerio de Transportes.
Celia Rojas Olivares es una de esas empresarias que entregó recursos, quien hoy aparece como querellante en contra de Farías, diciendo en el documento tramitado en el Juzgado de Garantía de Valparaíso que "nos persuadió para asociarnos –de facto– y aportar al sistema nuestros microbuses, todos los cuales serían administrados por él en calidad de titular de la adjudicación que el Ministerio efectuaría en su favor".
Fue el 5 de abril de 2023 cuando el Ministerio de Transportes celebró el contrato con Claudio Farías Monsalve, adjudicándole la nueva Unidad de Negocio Nº11, bajo el nombre de Ferrobus S.A., con buses de color blanco y franjas de color azul., que comprende las líneas C01, C02, C03 y C04, por un subsidio mensual de $70.800.000. Cabe hacer presente que esta unidad presta servicios licitados locales en Quilpué y Villa Alemana, recorridos que se les conoce también por ser los alimentadores con el metro.
El contrato comenzó a ejecutarse el 8 de septiembre, con 20 micros de propiedad de una decena de operadores de transportes que confiaron en el ingeniero de profesión, quien se haría cargo de operar el sistema, representarlos ante el Ministerio, percibir el subsidio, rendir cuenta del mismo a los dueños de los buses y finamente pagarselos con el descuento de $1.500.000 por concepto de sus honorarios.
Pese al acuerdo con el que se dio inicio al servicio, en la querella se expone qe al poco tiempo comenzaron los problemas, pues aseguran que Claudio Farías "no administró correctamente los recursos puestos a su disposición". Y es que a pesar de haber recibido el subsidio, afirman que jamás rindió cuenta de los fondos que percibía del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, "reteniendo ingentes sumas de dinero para sí, disponiendo de ellas como si se tratase de fondos propios, en circunstancias que sus titulares éramos los dueños de los microbuses u operadores de transportes".
De paso, revelaron en la querella que los subsidios iban a dar directamente a la cuenta corriente del ingeniero beneficiado con el trato directo; esto, a pesar que él no es titular de ningún microbús, lo que a juicio de las dos querellantes "demuestra que en realidad quienes prestábamos el servicio de transportes éramos los empresarios microbuseros u “operadores de transporte” y, por consiguiente, éramos también titulares del subsidio pagado por el Ministerio de Transportes a la Unidad 11".
Respecto a las cuentas no rendidas de los fondos que recibía, exponen en el documento que "jamás lo hizo" y que se negó "sistemáticamente a liquidar con cada empresario la participación en el subsidio que le correspondía".
Es por todos estos antecedentes que aseguran que Claudio Farías Monsalve retuvo para sí, y dispuso como propios, una cifra que estiman provisionalmente en $60 millones, en un período que va entre noviembre de 2023 y junio de 2024.
"Los hechos expuestos previamente configuran, a juicio de estas querellantes, los delitos de Administración Desleal y Apropiación Indebida, previstos en el artículo 470 N° 11 y N° 1 del Código Penal, respectivamente, en concordancia con el artículo 467 del mismo cuerpo legal", sostienen en la querella criminal.
A partir de todas estas situaciones, en la querella se solicita al tribunal porteño que el Ministerio Público lleve a cabo una serie de diligencias.
En primer lugar, despachar una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.
De igual forma, se solicita oficial al Ministerio de Transportes para que remita el oficio del 3 de febrero de 2023 de la Seremi de Transportes donde convocan a empresas a participar del trato directo para los servicios que prestaban las líneas caducadas.
También piden el contrato de prestación de servicios del 5 de abril de 2023, el cual fue celebrado entre el Ministerio de Transportes y Claudio Farías.
Finalmente se solicitan todos los subsidios pagados al ingeniero querellado, entre la fecha de inicio del contrato y el 30 de junio de 2024.
PURANOTICIA
