El detenido, que enfrenta a la justicia por la catástrofe que le costó la vida a 138 personas, argumentaba problemas de salud para evitar la medida cautelar.
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En prisión preventiva se mantendrá José Jerez, uno de los últimos detenidos por su presunta responsabilidad en el megaincendio de febrero de 2024 de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Así lo resolvió el Juzgado de Garantía de Valparaíso este martes, luego que su defensa solicitara una audiencia de cautela de garantías para revisar si durante el procedimiento penal se han vulnerado derechos fundamentales del imputado, que padece una enfermedad crónica.
José Alejandro Jerez Camus fue capitán de la 13ª Compañía de Bomberos de Placilla de Peñuelas. El Ministerio Público lo formalizó por el delito de incendio con resultado de muerte y lesiones, solicitando su prisión preventiva, medida que fue decretada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso el pasado 23 de mayo.
Según su defensa, Jerez sufre una enfermedad renal crónica en etapa terminal, que lo obliga a realizarse hemodiálisis tres veces por semana, condición que ha sido utilizada anteriormente como argumento para cuestionar la legalidad de su prisión preventiva.
No obstante, tanto el juez de garantía como la Corte de Apelaciones de Valparaíso descartaron en su momento que su estado de salud sea motivo suficiente para sustituir la medida cautelar, instruyendo a Gendarmería que adopte todas las medidas necesarias para resguardar su integridad física y psíquica.
En tanto, tras la audiencia de este martes 10 de junio, fue la propia defensa del imputado la que optó por no presentar peticiones, ya que actualmente Jerez se mantiene en buenas condiciones de salud y se han seguido los protocolos para que pueda continuar con su tratamiento mientras mantiene la medida cautelar.
El abogado Jorge Valenzuela señaló que “estamos ante una situación gravísima. Se trata de un hecho delictual sin precedentes, que terminó con la vida de decenas de personas y destruyó cientos de hogares y sueños. No podemos permitir que, por una condición de salud determinada, se pretenda revocar una medida cautelar que fue impuesta con fundamento. Todos somos iguales ante la ley, y por respeto a las víctimas y sus familias, estas medidas no pueden ponerse en duda. Si el imputado requiere tratamiento médico, es Gendarmería quien debe garantizarlo, como corresponde dentro del sistema penitenciario”.
En tanto, Romina Leiva, vecina que perdió familiares en el megaincendio, precisó tras la audiencia que “la solicitud presentada por la defensa, apelando al estado de salud de uno de los últimos detenidos, me parece una falta de respeto, una burla para las familias que siguen esperando justicia y para las personas que aún luchan por su vida tras el megaincendio. Este imputado habla de su salud, pero no parece haber tomado consciencia del daño que causaron él y sus compañeros el 2 de febrero”.
Mientras que Claudia Garrido, que también perdió seres queridos durante la tragedia, señaló que "sólo con estar ahí y escuchar la petición, lo encontré injusto para todos los fallecidos y sus familias. Él aún cuenta con vida, aún respira; nuestros familiares no. El imputado alega un diagnóstico. ¿Y qué pasa con nosotros, los que vivimos todos los días con el recuerdo de ver a nuestros seres queridos carbonizados? En mi caso, encontré a mi madre calcinada en la casa que tanto amaba. Yo quedé con depresión y estrés postraumático, en tratamiento con psicólogo y psiquiatra que tuve que costear por mi cuenta, porque el sistema de salud también nos abandonó. Mi sobrino, de solo dieciséis años, tiene depresión e intentos de suicidio. Nos destruyeron psicológicamente como familia”.
PURANOTICIA
