Durante la sesión de la comisión investigadora, parlamentario abordó el estado de los grifos emplazados en las zonas siniestradas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana
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En el marco de la Comisión Especial Investigadora por la reconstrucción del megaincendio, el diputado Hotuiti Teao volvió a poner el foco en una de las falencias que persisten y que requieren medidas urgentes: el estado de los grifos emplazados en las zonas siniestradas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
"Hoy volvemos a abordar una necesidad que sigue siendo urgente: la fiscalización de los grifos emplazados en las zonas afectadas por el megaincendio. Apenas ocurrió la tragedia, junto a los vecinos damnificados solicitamos una reunión con el superintendente de Servicios Sanitarios para denunciar el incumplimiento de la normativa que exige una distancia máxima de 150 metros entre grifos", señaló el diputado.
Asimismo, añadió que "esta no es la única irregularidad. También denunciamos que, mientras el incendio avanzaba, muchos grifos no entregaban agua, precisamente cuando más se requería contar con este recurso vital para contener las llamas".
En relación a la distancia entre grifos, el diputado reiteró que "reiteramos nuestra solicitud de fiscalización a la SISS, porque es indispensable prevenir que esta situación vuelva a repetirse ante futuras emergencias".
Al mismo tiempo, expresó su preocupación por los vacíos normativos que hoy permiten considerar a las empresas dentro del cumplimiento formal, sin que ello garantice un real funcionamiento de los grifos en situaciones críticas: "Respecto a la falta de agua en momentos de incendio, lamentamos que la normativa actual sea tan laxa que haya determinado que Esval igual haya estado dentro del cumplimiento de la normativa, a pesar de que no fue capaz de asegurar presión de agua mientras todo se quemaba".
Por ello, anunció el compromiso de avanzar hacia un cambio regulatorio: "Asumimos el compromiso de impulsar una modificación a la actual normativa, para que sea más estricta, exija mayores estándares de operación y obligue a la sanitaria —que cobra por este servicio— a invertir en una infraestructura robusta y redes paralelas capaces de garantizar el suministro de agua ante nuevas emergencias".
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