El proyecto de resolución de las diputadas Barchiesi y Bravo, pide al Ejecutivo establecer criterios claros de priorización para jardines infantiles, favoreciendo a niños chilenos y a hijos de residentes legales en nuestro país, ante el aumento de denuncias por exclusiones.
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La Cámara de Diputados aprobó la solicitud de resolución N° 1470, presentada por las diputadas Chiara Barchiesi y Marta Bravo, que pide al Presidente de la República dictar instrucciones al Ministerio de Educación, Junji y Fundación Integra, para establecer mecanismos de priorización en el acceso a jardines infantiles y salas cuna, dando preferencia a niños chilenos y a hijos de padres con residencia legal en el país.
La iniciativa surge tras casos como el ocurrido en Valparaíso, donde un padre chileno fue informado que su hija no tendría prioridad en un jardín infantil por el solo hecho de ser chilena. “Lo que pedimos es puro sentido común: que el Estado garantice primero el acceso a los niños chilenos y a quienes residen legalmente. Hoy, lamentablemente, eso no está ocurriendo”, afirmó la diputada Barchiesi.
Durante la votación, algunos diputados oficialistas incluso usaron la palabra en la sala para oponerse abiertamente a esta propuesta de sentido común. Como recordó la diputada Barchiesi, no es la primera vez: ya presentaron una reserva de constitucionalidad contra un proyecto que buscaba priorizar a niños y jóvenes chilenos en el sistema educativo. “¿Dónde pretende el Gobierno de Boric que estudien los niños chilenos si no los priorizamos en nuestro propio país?”, cuestionó.
El texto aprobado en sala expone fundamentos sociales, jurídicos y administrativos para justificar la necesidad de orden en el acceso a prestaciones públicas. Entre ellos, la presión que genera el incremento de la migración irregular sobre los servicios públicos, y la urgencia de evitar tensiones sociales derivadas de percepciones de injusticia en la distribución de beneficios financiados con recursos del Estado.
“Lo que hemos impulsado es un llamado claro al Ejecutivo para que asuma su responsabilidad y establezca una política pública coherente con nuestra realidad social. Esta resolución no excluye a nadie, pero sí prioriza el vínculo jurídico con el país”, explicó Marta Bravo, coautora del proyecto.
Las diputadas esperan que el Gobierno responda con la tramitación de un reglamento o proyecto de ley que materialice esta priorización de forma clara y transparente.
“Hoy dimos una señal de coherencia y justicia. Si el Gobierno de Boric realmente cree en el bien común, debe escuchar lo que ha aprobado la Cámara, porque si los niños chilenos no tienen espacio para estudiar en Chile, ¿dónde pretende que estudien?”, concluyó Barchiesi.
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