La parlamentaria PC por el Distrito 6 de Valparaíso criticó que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Autopista Central no considere a las regiones, y exigió voluntad política para renegociar las tarifas de la plaza de cobro más cara de Chile.
El Gobierno anunció un acuerdo con la concesionaria de la Autopista Central de Santiago que contempla una rebaja del 10% en la tarifa base del TAG y del 25% en los horarios punta y de saturación. La medida beneficiará a los usuarios que paguen dentro de los primeros 60 días y comenzará a regir el 1 de enero de 2027, en el marco de una extensión contractual de 20 meses con la empresa concesionaria.
Sin embargo, el anuncio del Ejecutivo generó un profundo malestar en las provincias de la región de Valparaíso, donde existían expectativas de que las renegociaciones también incluyeran a las autopistas regionales. La diputada del Partido Comunista, Sofía González, cuestionó la exclusión de la Autopista Los Andes y, particularmente, del peaje Troncal San Pedro de Quillota, cuya tarifa alcanza los $8.050 en horario punta, lo que lo posiciona como el más costoso del país, según lo señalado en la discusión.
En conversación con Puranoticia.cl, la parlamentaria se refirió a las expectativas que existían en la zona frente a las negociaciones que llevaba adelante el Ministerio de Obras Públicas. En ese contexto, aseguró que había planteado directamente al ministro la necesidad de considerar las particularidades de la región:
"Los anuncios que había estado realizando el ministro, es que teníamos muchas expectativas que se considerara el peaje más caro de Chile, que en horario punta llega a $8.050 (…) también soy de la comisión investigadora respecto de concesiones, peajes y tag (…) se la había ya planteado al mismo ministro decirle que en realidad estas negociaciones o renegociaciones (…) necesitaban considerar la realidad de región y en particular la del peaje más caro de Chile".

Al evaluar el alcance de la medida anunciada por el Ejecutivo, la diputada lamentó que el acuerdo se limitara a una concesionaria y no contemplara una solución para los usuarios de las regiones, cuestionando la falta de descentralización en las decisiones adoptadas:
"Lamentablemente este anuncio que se hizo con bombos y platillos por parte del Presidente de la República, no incorpora a las regiones, no incorpora los peajes, sino que solamente a una concesionaria".
Frente a los cuestionamientos relacionados con la vigencia del contrato de la Autopista Los Andes, cuya concesión se extiende hasta 2036, González sostuvo que existen mecanismos legales que permitirían revisar las tarifas antes del vencimiento del acuerdo, sin necesidad de esperar hasta el término de la concesión:
"Una cosa es que el contrato actual de esta esta autopista llega hasta 2030 y otra cosa muy distinta es que no se pueda renegociar o que no se puedan utilizar ciertos requisitos, (…) capacidades que tiene el Presidente de la República para poder hacer una rebaja de los datos".
Como antecedente, la legisladora recordó que anteriormente se han concretado intervenciones tarifarias en otras obras viales, por lo que insistió en que una reducción de los cobros es posible si existe voluntad política para alcanzar acuerdos con las empresas concesionarias:
"Se ha realizado antes, muestra de ello es lo que sucedió con la concesionaria del túnel Melón, ahí bajó, (…) lo que quiero decir con esto es que existe precedentemente de que (…) bajar el peaje es posible, que solo requiere de una decisión y de voluntad política para buscar soluciones".

La parlamentaria también advirtió que las condiciones del parque automotriz han cambiado considerablemente desde la firma de estos contratos. Por ello, planteó la necesidad de realizar nuevamente estudios que permitan evaluar la situación actual y determinar si corresponde revisar las condiciones tarifarias vigentes:
"Todos estos acuerdos se hacen en un momento que también el parque automotriz era distinto, pero existían hartos automóviles, era otra la realidad, y por cierto que es necesario poder realizar este estudio nuevamente".
En esa misma línea, González enfatizó que el objetivo de una eventual renegociación debe ser alcanzar un equilibrio entre la rentabilidad de las concesionarias y la capacidad de pago de las familias, de manera que las tarifas no se conviertan en una carga económica excesiva para los usuarios:
"Aquí se tienen que tomar una decisión de poder llegar con alivio real al bolsillo de las familias, que existe un equilibrio (…) el tema es que no sea a costa de cobros que son abusivos, que son impagables".

A las dificultades de circulación, la parlamentaria sumó críticas al diseño de la plaza de peaje, particularmente por la ausencia de un retorno que permita corregir el trayecto sin volver a pagar. Según explicó, esta condición puede perjudicar a los conductores que se equivocan de ruta y necesitan regresar, obligándolos a pagar nuevamente el peaje:
"Este es un peaje no solamente que cobra de manera abusiva sino que además también es un peaje que no tiene retorno. Entonces si tú por casualidad te equivocaste y pasaste por ahí la única forma de devolverte es pagando otra vez el peaje".
Consultada sobre las discusiones secundarias en torno a quiénes deben asumir estos cobros, incluidas las situaciones que involucran a autoridades, González sostuvo que el debate debe centrarse en el impacto de las tarifas en las familias. En ese sentido, llamó a evitar que las discusiones particulares desvíen la atención de la necesidad de revisar un sistema que considera abusivo: "Aquí hay un sistema que es abusivo con las familias. (…) yo creo que es bueno no desviar la atención de la discusión de fondo".
En relación con el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la que forma parte, la legisladora detalló que la fiscalización apunta a revisar qué inversiones comprometieron las concesionarias, si estas ya fueron recuperadas y por qué los usuarios continúan pagando determinados cobros:
"Lo que hemos estado revisando en la comisión investigadora es justamente ¿Qué tipo de inversión se proyectó? ¿Esa inversión ya se recuperó o no? ¿Por qué seguimos pagando?".
Finalmente, González descartó que la solicitud de rebajar las tarifas responda a una estrategia populista y reiteró que existen antecedentes de acuerdos e intervenciones que permiten considerar esta alternativa. En esa línea, apuntó al anuncio de rebajas para las autopistas de Santiago y a lo ocurrido en el túnel El Melón, insistiendo en que avanzar en una medida similar dependerá de la decisión del Presidente de la República y del Gobierno:
"Aquí no se trata de populismo, ni se trata de que esto sea una demanda de claridad y es que se pueden bajar los peajes (…) es cosa que el Presidente de la República y el Gobierno tomen la decisión".

PURANOTICIA