La parlamentaria republicana ofició a la Ministra de Salud, a todos los seremis del país y a la Tesorería General de la República, solicitando información detallada sobre las multas cursadas durante la pandemia, sus procesos de notificación, cobro y legalidad.
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El cobro de multas sanitarias impuestas durante la pandemia del Covid-19 sigue generando controversia, especialmente por denuncias que apuntan a una falta de notificación válida a los presuntos infractores.
En respuesta a esta situación, la diputada Chiara Barchiesi ingresó oficios de fiscalización dirigidos tanto al Ministerio de Salud como a la Tesorería General de la República, con el objetivo de esclarecer la forma en que se ejecutaron estos procedimientos y asegurar el respeto al debido proceso.
La solicitud, enviada a la Ministra de Salud y a todas las secretarías regionales ministeriales del país, pide información estadística y documentada sobre el total de sanciones impuestas durante los años 2020 y 2021, desglosadas por región.
Además, se exige detallar los métodos de notificación, los plazos utilizados y los casos en que no existió respuesta del infractor, a fin de evaluar si se cumplieron las garantías mínimas del ordenamiento jurídico vigente.
En paralelo, Barchiesi ofició a la Tesorería General de la República para conocer el estado de las cobranzas derivadas de estas multas, incluyendo los montos recaudados, los procesos de ejecución aplicados —como embargos o retenciones— y la proporción de casos que actualmente podrían ser considerados incobrables. También se solicitó información desagregada por región, con el objetivo de dar seguimiento territorial a esta fiscalización.
El caso que dio pie a esta acción ocurrió en Villa Alemana, donde un vecino jubilado recibió una notificación de cobro por casi cinco millones de pesos sin haber sido notificado de forma válida con anterioridad. Según explicó la parlamentaria, situaciones como esta podrían replicarse a nivel nacional, afectando gravemente a personas que no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a defensa.
Esta fiscalización se enmarca en una línea de trabajo previa. Al asumir como diputada en 2022, Barchiesi presentó diversos proyectos de resolución orientados a limitar las restricciones sanitarias post pandemia, entre ellos la eliminación del pase de movilidad y el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados. Ambas medidas fueron aprobadas por la Cámara Baja y posteriormente adoptadas por el Gobierno.
La parlamentaria advirtió que muchas de las multas impuestas durante la emergencia podrían estar prescritas y, sin embargo, continúan siendo cobradas por el Estado.
“No se trata de negar lo que se vivió, sino de garantizar que toda acción del Estado se ajuste a la ley y respete los derechos fundamentales de las personas”, señaló, haciendo un llamado a revisar los procedimientos administrativos asociados a estas sanciones con una perspectiva institucional y transparente.
PURANOTICIA
