Declaran admisible querella que acusa presuntas irregularidades en permisos de construcción de clínica en Quillota

El Juzgado de Garantía de Quillota declaró admisible una querella criminal presentada por el ciudadano Andrey Moil Rojas, quien acusa presuntas irregularidades en la tramitación de permisos y modificaciones vinculadas a la construcción de la Clínica Sudmédica. Con esta resolución, el tribunal ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la investigación penal correspondiente.

La acción judicial está dirigida en contra del director de Obras Municipales de Quillota, Marcelo Merino Michel; del representante de Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA, César Mendoza Devia; y de otros profesionales que participaron en el proyecto, a quienes el querellante atribuye distintas responsabilidades por la aprobación de una modificación al permiso de edificación otorgado en 2021 para el recinto de salud.

Según expone la querella a la que pudo acceder Puranoticia.cl, la modificación del permiso habría omitido modificaciones estructurales ejecutadas en el edificio, lo que –a juicio del denunciante– derivó en un cobro inferior de derechos municipales. El escrito sostiene que la Municipalidad de Quillota habría dejado de percibir al menos $12.820.169 por este concepto y que, además, no se aplicaron las multas que, según el querellante, correspondían por obras ejecutadas sin la debida regularización.

El documento también afirma que el titular de la DOM habría aprobado la Modificación de Permiso de Edificación N° 029/2021 pese a conocer las diferencias entre el proyecto originalmente autorizado y la obra efectivamente construida. Asimismo, sostiene que el funcionario visitó en diversas oportunidades el edificio durante su ejecución y que posteriormente emitió un certificado de copropiedad inmobiliaria correspondiente al proyecto, pese a que la querella asegura que existían observaciones previas sobre su legalidad.

En ese contexto, el querellante solicita que se investiguen eventuales delitos de prevaricación administrativa, fraude al Fisco, falsedad ideológica y uso malicioso de instrumento público falso, entre otras figuras penales que –a su juicio– se configurarían a partir de la aprobación de la modificación del permiso de edificación y de la documentación presentada durante la tramitación del proyecto.

Respecto de la tramitación judicial, el Juzgado de Garantía de Quillota resolvió tener por interpuesta la querella al estimar que cumple los requisitos establecidos en el artículo 113 del Código Procesal Penal, declarándola admisible y ordenando su remisión al Ministerio Público para su investigación, además de tener por acompañados los documentos presentados por el querellante.

Cabe hacer presente que la resolución del tribunal no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, sino que habilita el inicio de la investigación penal, etapa en la que será el Ministerio Público el encargado de realizar las diligencias necesarias para determinar si los hechos denunciados revisten carácter de delito y si existen responsabilidades penales por las presuntas irregularidades expuestas en la querella.

PURANOTICIA