En entrevista con Puranoticia.cl, la autoridad regional advirtió los vacíos técnicos de la iniciativa de Pacific Hydro, cuestionando el emplazamiento de 500 hectáreas, el uso de baterías de litio y la falta de garantías previas a su ingreso al sistema ambiental.
Un nuevo foco de atención y preocupación ambiental se abrió en el interior de la provincia de Marga Marga a raíz del proyecto fotovoltaico “Llano Alto”, impulsado por la empresa Pacific Hydro. La iniciativa contempla una superficie estimada de 500 hectáreas —equivalentes a unas 700 canchas de fútbol—, una capacidad proyectada de 350 megawatts y una línea de transmisión eléctrica de más de 43 kilómetros, que abarcaría las comunas de Quilpué, Limache y Olmué. En el marco de la fase de difusión ciudadana previa a su ingreso formal al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), previsto para el próximo año, la consejera regional María Elena Rubilar abordó en Puranoticia.cl los principales puntos de preocupación que genera el proyecto en los valles cordilleranos.
Consultada sobre cómo tomaron conocimiento de la iniciativa, la representante del Frente Amplio explicó que fueron las propias comunidades locales las que alertaron sobre el proyecto a partir de las instancias de participación impulsadas por la compañía. "Nosotros tomamos conocimiento a través de la difusión que se empezó a hacer por los equipos de participación ciudadana de Pacific Hydro, porque antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental (...) obligatoriamente tienen que hacer como esta especie de sensibilización o difusión con la comunidad", indicó Rubilar. Asimismo, detalló que el polígono del proyecto comprende sectores como Colliguay y Lliulliu en el límite con Limache, y que la línea de transmisión eléctrica se extendería hacia Olmué.
Uno de los principales puntos de preocupación planteados por la consejera tiene relación con los antecedentes de grandes incendios forestales en el sector cordillerano y las dificultades logísticas que han enfrentado los equipos de emergencia para combatir este tipo de siniestros. "A mí lo otro que me llama la atención tiene que llevar con la ubicación, ahí en el año 2020, precisamente en ese límite entre Colliguay y Lliulliu hubo un incendio que consumió 400 hectáreas, los sistemas para combatir las emergencias fueron súper complicados, de hecho un helicóptero capotó en el embalse de Lliulliu porque era imposible hacer un ingreso de manera terrestre casi a los vehículos de emergencia (...) y en 2023 hubo otro incendio pero en el sector de Colliguay, de 1200 hectáreas, incluso con voluntarios que fallecieron", advirtió. En ese contexto, enfatizó que los riesgos asociados a los sistemas de almacenamiento con baterías de litio y la exposición a incendios forestales deben ser evaluados rigurosamente, considerando las características del territorio y las dificultades de acceso para los equipos de emergencia.
Si bien reconoció la importancia de avanzar hacia una matriz energética más limpia y cumplir con los compromisos establecidos para el año 2050, la autoridad regional sostuvo que el desarrollo de este tipo de iniciativas debe estar acompañado de estándares estrictos de transparencia, información y certeza técnica. "Nosotros no estamos en contra de la energía limpia ni nada por el estilo, pero lo que sí decimos es que los proyectos se evalúen bien y se sepan también cuáles van a ser realmente sus impactos y beneficios para las comunidades", sostuvo. Además, recalcó que la evaluación deberá considerar con precisión las áreas de afectación del bosque nativo y la gestión de los residuos tecnológicos, con el objetivo de determinar los eventuales impactos del proyecto en el entorno.
La consejera también profundizó en las complejidades operativas de los proyectos fotovoltaicos de gran escala, especialmente en relación con sus sistemas de almacenamiento energético y los riesgos asociados a su funcionamiento y eventual desuso. "Los parques solares también tienen riesgos súper grandes como la fuga térmica o cuando se echa a perder un panel, (…) empieza a consumir su energía, de lo que he investigado, y también se produce un riesgo de incendio, sumarle el tema de estas baterías gigantes de litio que son los almacenamientos, donde todavía en Chile no hay evidencia, (...) entonces tampoco tenemos evidencia de algún parque, algún proyecto que haya quedado en desuso para saber cuáles son realmente los impactos", advirtió. Sus observaciones apuntan a la necesidad de contar con mayores antecedentes sobre los riesgos de las baterías de litio y los impactos ambientales que podrían generar estas instalaciones una vez que finalice su vida útil.
Finalmente, respecto de las expectativas del Consejo Regional (CORE) una vez que el proyecto ingrese oficialmente al sistema de evaluación ambiental, Rubilar insistió en la importancia de que el expediente incorpore información completa y permita analizar oportunamente los posibles impactos de la iniciativa. "Lo primero es transparencia, información clara, que el estudio contenga todo, que revise todas las variables negativas que podría suceder, sobre todo yo insisto el tema de la emergencia para mí es clave, creo que eso es algo que tiene que colocar la empresa", concluyó la consejera. En esa línea, adelantó que el CORE evaluará los antecedentes una vez que el proyecto formalice su ingreso a tramitación ambiental, con especial atención a la información que se entregue sobre sus eventuales impactos y las medidas previstas para enfrentar situaciones de emergencia.
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