Contraloría pone en jaque comodato del Centro de Productos Típicos de Hijuelas y da 10 días a la administración Rossat para resolver

Un nuevo antecedente se suma a la controversia por el uso y la administración del Centro de Productos Típicos de Hijuelas, inmueble municipal entregado en comodato a la Agrupación Turística, Artesanal, Cultural y Emprendimiento El Valle de Hijuelas. La Contraloría Regional de Valparaíso instruyó al municipio verificar el uso del recinto, resolver sobre la continuidad del contrato e informar de ello a la entidad fiscalizadora.

La determinación quedó establecida en un oficio fechado el 9 de noviembre de 2026, en el que Contraloría aborda una denuncia presentada por una persona que solicitó mantener su identidad bajo reserva. Según el documento, la presentación cuestiona que el uso y los beneficios del inmueble se concentrarían en un solo grupo familiar.

Al ser requerida por el organismo contralor, la Municipalidad de Hijuelas se limitó a señalar que la eventual revocación del comodato había sido puesta en conocimiento del Concejo Municipal, en una sesión programada para el 5 de noviembre de 2026.

Sin embargo, Contraloría precisó que el término del contrato no requiere el acuerdo de la entidad comunal, sino que corresponde al alcalde adoptar esa decisión en ejercicio de sus atribuciones para administrar los bienes municipales.

Para fundamentar este criterio, el organismo citó los dictámenes N° 13.367 de 2016 y N° 42.922 de 2008. En ellos se establece que la administración municipal comprende la facultad de entregar inmuebles en comodato y que, si bien se requiere el acuerdo del Concejo para celebrar ese contrato, no es necesario para ponerle término.

En consecuencia, Contraloría determinó que la Municipalidad de Hijuelas, administrada por la alcaldesa Verónica Rossat, debe informar qué resolverá respecto de la continuidad del comodato y pronunciarse sobre el fondo de la denuncia. Para ello, otorgó un plazo de 10 días hábiles contado desde la recepción del oficio.

El documento –al que tuvo acceso Puranoticia.cl– también recuerda que los requerimientos de información de Contraloría son obligatorios y vinculantes para los organismos sometidos a su fiscalización. Su incumplimiento, advierte, puede constituir una infracción a los deberes funcionarios y comprometer la responsabilidad administrativa de quienes deban adoptar las medidas para cumplirlos.

LA CONTROVERSIA

La intervención de la Contraloría Regional de Valparaíso se relaciona con una controversia que este medio dio a conocer el pasado 10 de septiembre, cuando publicó los cuestionamientos de integrantes y exintegrantes de la agrupación respecto de la administración del Centro de Productos Típicos, cuya construcción significó una inversión municipal superior a los $800 millones.

En aquella oportunidad, una exasociada de la organización relató que el recinto habría terminado funcionando como un restaurante familiar, mientras los integrantes de la agrupación no recibían información sobre los ingresos y egresos desde 2021. "A ellos nunca se les rindió cuenta de nada, ni de los ingresos ni egresos. La representante legal comenzó a actuar solo con su familia, porque eran cinco personas de una familia. Entonces se tomaron el recinto y lo hicieron funcionar como un restaurante familiar", señaló la entrevistada a Puranoticia.cl en septiembre.

La publicación también dio cuenta de una sentencia del Juzgado de Letras de La Calera, dictada el 10 de febrero de 2026, que acogió una demanda y ordenó a la organización entregar una cuenta documentada de su administración, correspondiente a los últimos cuatro años. La resolución contempló balances mensuales y anuales, además del detalle de ingresos, egresos, inversiones, gastos y actos de disposición de fondos.

A esos antecedentes se sumaban cuestionamientos municipales. Según lo publicado en septiembre, durante 2025 la Dirección de Rentas y Patentes había informado a la alcaldesa Verónica Rossat sobre posibles incumplimientos graves relacionados con el funcionamiento del establecimiento y las condiciones del comodato. Asimismo, en marzo de 2026, la Comisión Fiscalizadora de Desarrollo y Familia había solicitado revisar y emitir un pronunciamiento sobre el contrato.

Con el nuevo oficio, la controversia suma ahora un requerimiento formal de Contraloría dirigido al Municipio de Hijuelas, cuya alcaldesa, Verónica Rossat, deberá verificar el uso del inmueble, resolver si mantiene o pone término al comodato y comunicar su decisión al organismo fiscalizador dentro del plazo establecido.

PURANOTICIA