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Contraloría devela dificultades de Senapred para implementar estrategia para la gestión del megaincendio y otras emergencias

Contraloría devela dificultades de Senapred para implementar estrategia para la gestión del megaincendio y otras emergencias

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Entre sus conclusiones, se establecieron falta de recursos humanos, financieros y capacidades, problemas en labores de seguimiento de la estrategia, deficiencias en la acreditación de productos y municipios que no confeccionaron sus planes comunales.

Contraloría devela dificultades de Senapred para implementar estrategia para la gestión del megaincendio y otras emergencias
Jueves 30 de enero de 2025 16:58
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Fiscalizar el cumplimiento del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a los productos de su responsabilidad y definidos como de Alto Impacto en la «Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023 - 2024», entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2024, fue el objetivo central de la investigación desarrollada por la Contraloría General de la República.

Y es que según consigna el «Informe Final de Investigación Especial N° 446, de 2024», el organismo que vino a reemplazar a la antigua Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) ha cometido una serie de falencias, principalmente al tomar en cuenta la gestión de la emergencia del megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024, que le costó la vida a 137 personas y destruyó más de 8 mil casas.

Pero antes de pasar a detallar las conclusiones a las que arriba el ente fiscalizador de los órganos del Estado, vale recordar que Senapred es un servicio público descentralizado, encargado de asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres en Chile, el cual se encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante la coordinación de la Subsecretaría del Interior.

FALTA DE RECURSOS

Dicho esto, uno de los primeros resultados a los que arriba la Contraloría dice relación con que la formulación de la «Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023 - 2024» (de ahora en más, Estrategia) no contó con un levantamiento previo de información que permitiese definir los recursos, funciones y competencias de las instituciones participantes en la misma, tanto a nivel nacional como regional, para dar cumplimiento a las labores asignadas.

Esto último, para identificar con antelación aquellos factores que pudiesen afectar su implementación y ejecución, así como el logro de los impactos deseados.

Y es que se evidenciaron nudos críticos en las 13 regiones que participan en la Estrategia, y que dicen relación con la falta de recursos humanos, financieros y capacidades de las organizaciones involucradas para realizar los productos encomendados, siendo el propio Senapred una de las que por dificultades técnicas y de recursos no pudo cumplir con sus compromisos, como también, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos, que argumentaron que no correspondían a su labor.

Sobre este punto, y en lo que atañe exclusivamente a la región de Valparaíso, se detectó baja participación de las autoridades comunales en lo que respecta a actividades preventivas, reuniones de coordinación y apoyos; además de una falta de recursos para la elaboración de cortafuegos por parte de municipios.

De esta manera, en el informe se estableció que "no se aviene con los principios de control, eficiencia, eficacia y coordinación", la falta de un diagnóstico previo por parte del Senapred sobre recursos y competencias de los entes participantes en la Estrategia, ello como organismo coordinador de su implementación.

Por ello, se les instruyó que en futuras iniciativas similares, Senapred "deberá implementar mejoras que le permitan advertir con antelación aquellas situaciones de las distintas entidades participantes que puedan afectar la ejecución de las acciones y productos que se definan como de su competencia".

SEGUIMIENTO

Si bien, en la Estrategia se estableció la labor de seguimiento de los productos previstos en ella –función que se encomendó al Senapred– no se determinaron actividades, parámetros, modalidades de entrega y/o etapas de retroalimentación para llevarla a cabo, entre otros aspectos, a través de los cuales el Servicio advirtiera alcances acerca de la calidad e integridad de los entregables.

Y pese a que el Servicio fiscalizado ejecutó la función de seguimiento conforme a sus recursos disponibles y mediante la plataforma Power BI10, se llevó a cabo sin verificar el cumplimiento de parámetros mínimos en su elaboración y contenido.

Además, la Estrategia tampoco consideró la disponibilidad de recursos del Senapred para desarrollar dicho monitoreo, ni sus atribuciones para exigir a las entidades participantes de la misma el acatamiento de su ejecución, sin que se evidenciara que Senapred hiciera presente tales carencias a sus autoridades superiores o en las sesiones de la "mesa técnica nacional de incendios forestales” en las que participó. Esto conlleva el riesgo de que los productos no se realicen o sus resultados no se ajusten a su fin, afectando su objetivo final: fortalecer la gestión ante incendios forestales.

En tal sentido, la Contraloría General de la República indicó que "no se avienen con principios de control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y coordinación" las falencias en el seguimiento de la Estrategia e inacción de Senapred para hacer presente sus limitaciones, por lo que en futuras iniciativas tendrán que implementar mejoras que permitan contar con la definición de especificaciones e indicadores para evaluar el grado de avance y cumplimiento de los productos previstos en ellas.

Además, Senapred deberá implementar las medidas informadas para el proceso de seguimiento; vale decir, la identificación de los medios de verificación asociados a los productos comprometidos y su respectiva formalización.

ACREDITACIÓN DE PRODUCTOS

Se comprobaron deficiencias en la acreditación de productos que, si bien, debían ser ejecutados por otras reparticiones, su cumplimiento es de responsabilidad del Senapred.

También se advirtió la falta de actas de sesión que acrediten la ejecución de mesas técnicas regionales y comunales de incendios forestales; incumplimiento de patrullajes preventivos terrestres y aéreos estratégicos en las regiones de O’Higgins, Metropolitana y de Valparaíso; inexistencia de medios de verificación de la ejecución del «Plan de Trabajo Mesa Senapred-Conaf».

A ello suman levantamiento incompleto de los recursos profesionales, técnicos, materiales, maquinarias, aéreos y aeroportuarios de organismos de primera respuesta y de los consolidados regionales; y la falta de elaboración del protocolo para fortalecer la coordinación interinstitucional para la búsqueda de desaparecidos, hallazgo de cadáveres, rescate y recuperación de víctimas, entre otros.

La Contraloría General de la República dijo al respeto que el hecho de que Senapred –como responsable de tales productos y seguimiento de la Estrategia– no haya requerido todos los antecedentes necesarios para verificar su ejecución, "incumple los principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3°, inciso 2º, de la ley N° 18.575". Además, en las próximas instancias similares en que el Senapred coordine su elaboración, deberá dar cumplimiento a las medidas informadas; vale decir, llevar a cabo un seguimiento semanal de la realización de los Cogrid y mesas técnicas.

PLANES COMUNALES

Consultados los municipios respecto del estado en que se encontraban sus planes para la reducción del riesgo de desastres y de emergencia, se determinó que, al 12 de julio de 2024, 6.913 entidades contaban con Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD), 141 los estaban elaborando, 7 no los habían confeccionados (entre ellos la Municipalidad de Isla de Pascua), mientras que los 126 restantes no dieron respuesta a la solicitud de información realizada por Contraloría.

En tanto, a igual fecha del año pasado, 243 municipalidades contaban con Plan
Comunal de Emergencia (PCE) aprobados, 59 los estaban confeccionando, 2 no lo tenían, y las otras 49 entidades edilicias no contestaron el requerimiento.

Al respecto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que, de acuerdo con sus registros, al 25 de octubre de 2024, 83 municipios contaban con PRRD y 260 con PCE, que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa.

Por ello, Contraloría instruyó a Senapred que deberá continuar coordinándose con los municipios para lograr cumplir con la totalidad de los PRRD y PCE.

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