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Contraloría detecta pagos improcedentes en contrato del Hospital del Salvador de Valparaíso y ordena sumario administrativo

Contraloría detecta pagos improcedentes en contrato del Hospital del Salvador de Valparaíso y ordena sumario administrativo

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El organismo concluyó que el recinto asistencial no debía cancelar el monto total del contrato a Genom SpA cuando la prestación fue de manera parcial. Además, instruyó al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio investigar eventuales responsabilidades administrativas.

Contraloría detecta pagos improcedentes en contrato del Hospital del Salvador de Valparaíso y ordena sumario administrativo
Miércoles 17 de junio de 2026 11:42
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Un duro cuestionamiento formuló la Contraloría Regional al Hospital del Salvador de Valparaíso luego de detectar pagos improcedentes en un contrato para la atención de pacientes de salud mental, concluyendo que el recinto de salud pagó el valor total de prestaciones que no fueron ejecutadas íntegramente y ordenó un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades de funcionarios.

La decisión quedó plasmada en el oficio N° OF114038, documento emitido el 16 de junio de 2026 por la contralora regional María Soledad Pérez Reinoso y al cual tuvo acceso Puranoticia.cl, en el que además se instruye al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) iniciar un procedimiento disciplinario destinado a establecer eventuales responsabilidades administrativas por los hechos observados.

DENUNCIAS

El pronunciamiento de Contraloría se originó a partir de presentaciones realizadas por un dirigente de la Fenats Unitaria del Hospital del Salvador, por una funcionaria del establecimiento de salud; y por una alta directiva del recinto asistencial.

Los denunciantes cuestionaron pagos efectuados en el marco del contrato denominado “Residencia Protegida de Alta Intensidad de Apoyo para 10 pacientes derivados de la Red del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio”, adjudicado a la empresa Genom SpA.

Según expusieron ante el organismo fiscalizador, durante febrero y marzo de 2026 se autorizó el pago íntegro de las facturas emitidas por la empresa, pese a que el servicio habría sido prestado únicamente a siete pacientes, y no a los diez contemplados en el contrato.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por Contraloría, las funcionarias involucradas manifestaron mediante correos electrónicos sus reparos respecto de la procedencia de dichos pagos. Sin embargo, señalaron que finalmente debieron cursarlos por instrucción de sus superiores, invocando el mecanismo de obediencia funcionaria contemplado en el Estatuto Administrativo.

Las denunciantes también afirmaron haber enfrentado presiones, cuestionamientos y situaciones de malos tratos luego de formular observaciones respecto de las facturas.

DEFENSA DEL HOSPITAL

Al ser requerido por Contraloría, el Hospital del Salvador sostuvo que los pagos efectuados se ajustaban a derecho debido a que el contrato había sido pactado bajo la modalidad de suma alzada.

Según la posición del establecimiento porteño, esa modalidad contractual obligaba a cancelar la totalidad del monto convenido, independientemente de que existieran variaciones en la cantidad de usuarios efectivamente atendidos.

Sin embargo, el organismo contralor desestimó esa interpretación. En su análisis jurídico, la Contraloría recordó que la jurisprudencia administrativa ha sostenido reiteradamente que el pago de recursos públicos debe guardar relación con los servicios efectivamente prestados.

Asimismo, señaló que en los contratos pactados a suma alzada el precio puede mantenerse invariable, pero únicamente cuando la prestación convenida se ejecuta íntegramente. De lo contrario, se corre el riesgo de financiar servicios que no fueron realmente otorgados, generando un eventual perjuicio patrimonial para la administración.

El organismo añadió que las bases de licitación, las especificaciones técnicas y el contrato suscrito establecían expresamente que el servicio contratado correspondía a una residencia protegida de alta intensidad de apoyo para diez pacientes derivados por la red del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

En ese contexto, la Contraloría concluyó que el objeto del contrato era la atención efectiva de pacientes y no simplemente la disponibilidad de cupos o camas. Por ello, estableció que el precio convenido sólo podía mantenerse inalterable si se otorgaba atención a los diez usuarios contemplados en el contrato y no cuando la prestación se ejecutaba de manera parcial.

PAGOS IMPROCEDENTES

A partir de ese razonamiento, el órgano de control concluyó que no resultaba procedente que el Hospital del Salvador pagara la totalidad del precio pactado con Genom SpA cuando la atención efectivamente prestada alcanzaba únicamente a siete pacientes.

La resolución constituye un duro revés para la interpretación sostenida por la dirección del establecimiento de salud porteño y abre la puerta a la revisión de los desembolsos realizados durante la ejecución del contrato.

Junto con ello, Contraloría ordenó al hospital adoptar las medidas necesarias para corregir la situación observada y remitir un informe documentado dentro de un plazo de 15 días hábiles administrativos contados desde la recepción del oficio.

SUMARIO ADMINISTRATIVO

Más allá de la corrección financiera del caso, la Contraloría determinó que los antecedentes ameritan una investigación interna. Por ello instruyó al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio iniciar un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios o autoridades que pudieron intervenir en los hechos cuestionados.

Bajo este contexto, la entidad deberá informar formalmente la apertura de dicho proceso al organismo fiscalizador dentro del mismo plazo fijado para el cumplimiento de las demás medidas ordenadas.

El oficio también advierte que el contrato cuestionado mantiene actualmente su vigencia. De acuerdo con los antecedentes examinados por el ente que fiscaliza a los órgaos del Estado, la contratación tiene una duración de 12 meses contados desde la aceptación de la primera orden de compra, por lo que continúa produciendo efectos.

Precisamente por esa razón, el organismo enfatizó la necesidad de adoptar medidas que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse durante el período restante de ejecución contractual.

Finalmente, la Contraloría informó que las medidas de protección solicitadas por las funcionarias que denunciaron las irregularidades fueron acogidas mediante resoluciones emitidas durante este año, resguardos que fueron otorgados en el marco de las facultades legales del organismo.

PURANOTICIA

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