El «Informe Final N° 62» da cuenta de modificaciones en el valor de una cotización y una posible infracción al principio de probidad administrativa, entre otros hechos que fueron remitidos al Ministerio Público, ya que se estableció que podrían revestir carácter de delito.
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Luego de recibir denuncias relacionadas a eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto «XX Feria del Libro de Los Andes: De Cordillera a Mar» y una supuesta obstrucción al ejercicio periodístico, la Contraloría Regional de Valparaíso llevó a cabo una investigación a la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.
La lupa se puso sobre esta iniciativa financiada por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, con cargo al 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para comprobar que los gastos ejecutados se hayan ajustado a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, además de verificar los criterios y fundamentos para comunicar los puntos de prensa y actividades de la Delegación de Los Andes.
Bajo este contexto, se detectaron algunas irregularidades, las cuales aparecen contenidas en el «Informe Final N° 62, de 2024» –al cual Puranoticia.cl accedió– que dan cuenta de modificaciones en el valor de cotizaciones y una posible infracción al principio de probidad administrativa, entre otros hechos que pasaremos a detallar.
En primer lugar, en el proyecto se estableció que los recursos solicitados serían distribuidos así: $35.967.750 para gastos operacionales; $1.500.000 en gastos de difusión; $2.345.609 en gastos de inversión; y $9.282.700 en gastos de personal.
Se constató que la rendición de cuentas presentada por la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes al Gobierno Regional de Valparaíso incluyó los mencionados gastos de difusión por $1.500.000, adjudicados a una empresa de comunicaciones para el evento desarrollado entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre de 2022.
En ese sentido, se comprobó que una de las cotizaciones acompañadas al proyecto figura emitida por $1.600.000, sin embargo, las validaciones comprobaron, por una parte, que esa cotización fue extendida por $1.332.800, "desconociéndose los motivos por los cuales fue modificado su valor", según consigna la Contraloría en su informe.
Por otra parte, se verificó que la cotización fue enviada vía mensaje de WhatsApp al entonces jefe de Gabinete de la Delegación Presidencial de Los Andes y actual Secretario Comunal de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Hijuelas, situación que podría configurar una infracción al principio de probidad administrativa.
Producto de esta situación, se le ordenó a la Delegación Presidencial de Los Andes instruir un procedimiento disciplinario que busque determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados en los hechos, debiendo además remitir una copia del acto administrativo a la Fiscalía de la Contraloría.
De igual forma, tomando en cuenta que la situación detectada en el informe de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado podría revestir carácter de delito, se remitirá copia del informe final a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
La investigación detectó también que la causal utilizada por la Delegación de Los Andes para contratar –vía trato directo– a la empresa El Ático Producciones SpA para prestar los servicios de producción de la feria del libro, "no se encuentra suficientemente acreditada", por lo que se les instruyó ajustar a la normativa legal sus procesos de compra, además de incorporar lo observado al sumario administrativo ordenado.
En la investigación también se detectó que una funcionaria de la Delegación de Los Andes contratada a honorarios para implementar el programa «Dispositivo Centro de la Mujer», con una jornada semanal de 44 horas semanales, no registró su asistencia durante todo el año 2022 y parte del año 2023, motivo por el cual se le ordenó a la repartición de Gobierno velar por el estricto cumplimiento de los contratos.
También se verificó que la misma funcionaria, durante el año 2022, en nueve oportunidades empleó parte de su jornada laboral para desarrollar labores distintas, mediante un contrato a honorarios como “coordinadora territorial” en el proyecto «XX Feria del Libro de Los Andes: De Cordillera a Mar», por lo que además se le ordenó a la Delegación adoptar las medidas para evitar la reiteración de estos casos.
En otra de las observaciones de la Contraloría, se indica que la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes no acreditó los criterios utilizados para incluir o no a un medio de comunicación social o a persona natural en el grupo de WhatsApp por el cual se informan los puntos de prensa u otras actividades públicas de aquel servicio.
El informe establece que tampoco se indicaron los criterios y/o fundamentos legales o motivos para excluir a un medio de comunicación de la zona (Radio UP), situación que podría infringir los principios de igualdad y de no discriminación.
Por este hecho, se le ordenó a la repartición de Gobierno que deberá dar cumplimiento a la medida informada, en orden a regularizar esta situación detectada, lo que deberá ser acreditado mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría.
Frente a estas situaciones detectadas en la investigación del órgano de control, el delegado presidencial de Los Andes, Cristián Aravena, expuso a Radio Biobío que "respecto del trabajo hecho por Contraloría y toda la fiscalización, nos pusimos a disposición, entregando todos los antecedentes que nos fueron requeridos".
En cuanto al jefe de Gabinete que trabajaba en aquel momento y que aparece mencionado en el informe final, la autoridad de Los Andes aseguró que "ya no está prestando servicios en nuestra Delegación Presidencial Provincial".
PURANOTICIA
