El organismo público ha desembolsado más de $190 millones en contratos de arriendo durante lo que va del año 2025,-sin considerar gastos comunes ni servicios básicos-, por inmuebles que, a la fecha, continúan sin ser utilizados.
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La reciente decisión del Ministerio de Bienes Nacionales de otorgar en concesión gratuita por 25 años el histórico Edificio Esmeralda al Gobierno Regional de Valparaíso, condicionada a la implementación de un plan de regularización, generó inmediatas reacciones por parte de consejeros regionales del Partido Republicano. Si bien valoraron la medida como una oportunidad para recuperar un inmueble de alto valor patrimonial, advirtieron la ausencia de planificación técnica y financiera previa por parte del Ejecutivo regional.
La consejera Elsa Bueno, representante de la provincia de Marga Marga, calificó la concesión como una medida acertada para poner en valor un edificio emblemático, aunque lamentó que el Gobierno Regional no haya anticipado un plan de regularización antes de solicitar la concesión. A juicio de la autoridad, esta omisión estaría provocando un uso deficiente de los recursos públicos, al sumar altos gastos de arriendo en dependencias aún no utilizadas, que ahora deberán complementarse con los costos asociados a la recuperación del inmueble. En su evaluación, se evidenció “una mala planificación” que pudo haberse evitado con una estrategia anticipada y estructurada.
Además, la consejera sostuvo que “la ciudadanía espera que sus autoridades actúen con previsión y responsabilidad. Cuando se ignoran advertencias técnicas y se actúa sin un plan claro, no solo se compromete el buen uso de los recursos públicos, sino también la confianza de los vecinos en la gestión regional. No podemos seguir normalizando la improvisación como forma de gobierno”.
En la misma línea, el consejero Cristián Fuentes, también representante de la provincia de Marga Marga, planteó una postura de cautela frente al anuncio, reconociendo que la recuperación del Edificio Esmeralda representa una oportunidad significativa, pero que solo será viable si se ejecuta con rigurosidad técnica y administrativa. Para Fuentes, el desafío no solo corresponde al ámbito arquitectónico, sino que involucra una responsabilidad política de alto nivel. En su análisis, resultaba indispensable contar con planificación detallada, financiamiento asegurado, plazos definidos y voluntad institucional para cumplir con los estándares establecidos por el Ministerio y la Contraloría General de la República.
Asimismo, expresó su preocupación ante un anuncio carente de certezas sobre la viabilidad del proyecto. Aseguró que el Consejo Regional exigirá transparencia, cumplimiento normativo y eficiencia en el uso de los recursos fiscales, con el fin de evitar que esta iniciativa se transforme en una promesa simbólica sin ejecución real, lo que —según advirtió— dañaría aún más la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas.
Por su parte, el consejero Felipe Córdoba, representante de la provincia de Quillota, valoró la oportunidad que representa la recuperación del inmueble, pero advirtió que esta no puede verse entrampada en “burocracia ni populismos”. Recordó que el edificio, desde su funcionamiento en la década de 1970, albergó servicios públicos esenciales para la comunidad, por lo que su restauración debe mantenerse al margen de agendas ideológicas.
Córdoba cuestionó la falta de visión demostrada por el Gobierno Regional al no haber resguardado el funcionamiento del edificio de manera oportuna. Afirmó que desde el año 2023 se encontraban disponibles informes técnicos que advertían sobre las fallas estructurales del inmueble, sin que se hubiera actuado con la debida diligencia. Como consecuencia de ello, diversas instituciones públicas debieron trasladarse, lo que derivó en un alto gasto en arriendos que, a su juicio, podría haberse evitado con una planificación adecuada.
El Gobierno Regional ha desembolsado más de $190 millones en contratos de arriendo durante lo que va del año 2025, -sin considerar gastos comunes ni servicios básicos-, por inmuebles que, a la fecha, continúan sin ser utilizados. Estos espacios habían sido destinados, en principio, para el traslado de los Consejeros Regionales, sin que exista aún claridad sobre los plazos ni las condiciones de su ocupación.
A esta situación se suma el costo no determinado del plan de regularización requerido para habilitar el Edificio Esmeralda, el cual debe ajustarse a las directrices técnicas de Bienes Nacionales y a las observaciones planteadas por la Contraloría General de la República. Hasta ahora, no se ha presentado públicamente un cronograma definido ni un presupuesto desglosado que permita transparentar el avance del proyecto.
PURANOTICIA
