El sujeto cometió los delitos entre 2015 y 2022, cuando la víctima tenía apenas siete años al inicio de las agresiones. El Tribunal Oral en lo Penal de Quillota valoró su testimonio y la prueba presentada por la Fiscalía de La Calera para acreditar los hechos.
A 20 años de presidio efectivo fue condenado un hombre de 56 años declarado culpable de dos delitos de violación contra una menor de 14 años, cometidos de manera reiterada entre 2015 y 2022 en la comuna de Hijuelas, provincia de Quillota.
El juicio se desarrolló ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, donde el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal jefe de La Calera, Juan Sebastián de la Fuente, especializado en delitos sexuales. Según la acusación, las agresiones comenzaron cuando la víctima tenía apenas siete años.
Durante el proceso, la Fiscalía presentó prueba testimonial, pericial y documental, además de otros antecedentes que permitieron acreditar los delitos más allá de toda duda razonable. Entre los testimonios considerados por el tribunal estuvo el de la propia víctima, quien declaró durante el juicio y cuyo relato fue valorado por los magistrados.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal De la Fuente, el acusado se aprovechaba de la relación de parentesco, la asimetría de poder y los momentos en que tenía el cuidado exclusivo de la niña para cometer las agresiones. Posteriormente, la amenazaba de manera sistemática para evitar que revelara lo ocurrido.
La sentencia estableció que el relato de la víctima fue consistente y se mantuvo en el tiempo, además de encontrar respaldo en los demás testimonios presentados por el Ministerio Público. El tribunal también desestimó la tesis de la defensa, que solicitaba la absolución del acusado, quien optó por guardar silencio durante el juicio.
Finalmente, la sala condenó al hombre como autor de un delito de violación impropia consumado y otro de violación, también en grado consumado. La pena impuesta fue de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, además de las inhabilitaciones absolutas perpetuas para ejercer cargos y oficios públicos y para el ejercicio de derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El fiscal jefe de La Calera destacó que el condenado no registraba antecedentes penales y explicó que la aplicación de agravantes especiales contempladas en la ley permitió alcanzar una pena de esta magnitud.
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