Coeva aprueba expansión de Puerto Panul en San Antonio, pero exige medidas ante eventuales explosiones de polvo de granos

La expansión de Puerto Panul en San Antonio recibió luz verde de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), en medio de la oposición y las advertencias de vecinos que cuestionaron los riesgos asociados a la instalación de 10 nuevos silos para almacenar granos, ubicados a menos de 200 metros de viviendas.

Entre sus principales preocupaciones está la posibilidad de una explosión de polvo de cereales, un fenómeno que puede generar graves consecuencias, además de la ausencia de protocolos específicos que establezcan cómo se protegería a las personas de los alrededores ante una eventual emergencia de esas características.

La inquietud ciudadana fue planteada durante el proceso de participación y evaluación ambiental, advirtiendo que los planes de contingencia y emergencia del proyecto no contemplaban expresamente las explosiones de polvo de granos, particularmente durante la fase de operación, cuando se manipula el producto y se genera material particulado. También cuestionaron que las medidas presentadas por la empresa, como sistemas de detección y prevención de posibles incendios, no acreditaran por sí solas cómo se respondería ante ese escenario.

Tras la sesión de la Coeva, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que la aprobación incorporó observaciones y exigencias adicionales levantadas durante la evaluación, con el objetivo de abordar las inquietudes relacionadas con el impacto del proyecto y la seguridad de su entorno.

"Después de una exposición larga y extensa, y de un diálogo entre los diferentes miembros de esta instancia colegiada, se optó por aprobar el proyecto de expansión de la RCA del Puerto Panul", señaló la primera autoridad de Gobierno en la región de Valparaíso, quien destacó que se recogieron planteamientos de distintos integrantes de la instancia y de actores vinculados a la evaluación ambiental.

MEDIDAS ANTE EXPLOSIONES

Una de las medidas incorporadas corresponde a la instalación de una estación de monitoreo en el sector de las obras de Puerto Panul, elemento que, según Millones, no estaba contemplado originalmente en la propuesta de la empresa.

La observación fue levantada por la consejero regional (core) Romy Farías, comunidades ambientales y la autoridad medioambiental. El delegado explicó que "decidimos de unánime acceder a ese requerimiento, que es parte de las competencias que tenemos como Coeva, como incorporar medidas adicionales cuando no son suficientes las garantías que ofrece el titular del proyecto".

Sin embargo, uno de los puntos centrales de la discusión estuvo relacionado directamente con el riesgo que habían advertido los vecinos: las eventuales explosiones de polvo de granos. Millones reconoció que "el proyecto tampoco tenía contemplado como medida de contingencia algún tipo de acción respecto a explosiones. Sí, para incendios. Y acá la Seremi de Salud hizo una observación muy contundente respecto a emisiones y al resguardo de una eventual explosión".

Dicha exigencia apunta a que las medidas de prevención y respuesta no queden limitadas a la etapa de instalación de las faenas, sino que "esto tiene que ser en todas las fases del proyecto, de inicio a cierre. (...) Nos interesan los eventuales riesgos que pudieran ocurrir en el desarrollo de toda la operación".

De esta manera, la observación de la Seremi de Salud aborda precisamente uno de los cuestionamientos expuestos por la comunidad durante la evaluación: la necesidad de que el proyecto considere cómo actuar ante una eventual explosión durante la manipulación y almacenamiento de granos, y no solamente frente a incendios.

PLAN DE CIERRE

Otro de los aspectos destacados corresponde al plan de cierre de las instalaciones. Según indicó el delegado Millones, existe un compromiso para que el sector vuelva a integrarse a la ciudad mediante un parque urbano que se extendería por el paseo Villamar, además de la posibilidad de habilitar eventualmente un terminal de cruceros.

En ese contexto, la autoridad sostuvo que "es claro y evidente que ese lugar va a volver a la ciudad como se comprometió hace años atrás para hacer un parque urbano en la extensión del paseo Villamar. Y, por lo mismo, la construcción de estos silos o la instalación de grúas tienen que ser removidas, tal como en su origen, es decir, despejado para que la empresa portuaria y el Municipio de San Antonio cumplan el compromiso adquirido con la ciudadanía".

La autoridad también puso énfasis en otro antecedente que fue precisado durante la sesión por el Ministerio de Vivienda y el Servicio de Evaluación Ambiental: la vigencia de la calificación de uso portuario que establece el Plan Regulador para ese sector.

De acuerdo con lo informado, esa condición se mantendrá solamente hasta el 31 de diciembre de 2029. Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2030 comenzará a regir el artículo 62, que permite únicamente el mantenimiento de las instalaciones existentes y no nuevas construcciones.

El delegado relacionó este punto con el término de la actual concesión portuaria, cuyo titular finaliza sus operaciones en 2029. En caso de que la empresa portuaria licite nuevamente la operación, ya sea al mismo concesionario o a otro, las condiciones territoriales serán distintas y estarán sujetas a la normativa que entre en vigencia desde 2030.

"Esto es muy importante para la suerte del proyecto y para la tranquilidad de la comunidad. Así permitimos cohabitar el interés legítimo del privado en aumentar la producción, en este caso el depósito de grano con esta mayor cantidad de silos, pero también con las normativas territoriales que el Plan Regulador va a tener en vigencia el 1 de enero de 2030 y también con las exigencias que han hecho el resto de los servicios públicos", planteó.

De esta manera, la aprobación de la expansión de Puerto Panul quedó acompañada de exigencias adicionales en materia de monitoreo, prevención y respuesta ante eventuales explosiones, además de condiciones sobre el cierre de las instalaciones y las restricciones urbanísticas que comenzarán a regir desde 2030. Estas medidas se incorporan en un escenario en que la comunidad sanantonina han insistido en que la seguridad de las viviendas cercanas debe ser considerada frente a los riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de granos.

PURANOTICIA