Caso "Podujito" abre nuevo conflicto en Serviu Valparaíso: funcionarios rechazan acusaciones de "hostigamiento" y llaman a denunciar

Tras conocerse la salida de Roberto Marchant del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, la controversia sumó un nuevo capítulo luego que Marcia Marchant, representante de Sociedad Inversiones Maia SpA –empresa demandada en la causa civil que involucra la reconstrucción de una casa afectada por el megaincendio– y hermana del exfuncionario, cuestionara la decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y atribuyera la situación a una supuesta persecución.

La polémica se originó tras la publicación de antecedentes relacionados con una demanda civil que involucra a Roberto Marchant Farías, quien hasta hace algunos días se desempeñaba como encargado técnico de la reconstrucción en el Serviu de Valparaíso y cuya remoción del organismo dependiente del Minvu se produjo luego de que se conociera la existencia de una acción judicial en su contra en calidad de representante legal de la empresa Sociedad Inversiones Maia SpA.

Tras conocerse su desvinculación, la abogada Marcia Marchant, representante de la empresa e igualmente hermana del exfuncionario, cuestionó la decisión señalando que "esta es una demanda en contra de una empresa. No entiendo por qué se le tendría que pedir la renuncia por una causa que todavía se está tramitando legalmente y respecto de la cual no existe una sentencia", agregando que, a su juicio, la medida adoptada carece de justificación considerando que el proceso judicial aún se encuentra en desarrollo y sin una resolución definitiva.

La profesional atribuyó parte de la situación a una supuesta persecución al interior del servicio, indicando que "Roberto Marchant fue acosado por parte de la asociación gremial de funcionarios del Serviu. Él ha sido amenazado, ha sido hostigado, porque Roberto era el que hacía la pega", añadiendo que existían cuestionamientos por la cantidad de horas que destinaba a sus labores y asegurando que funcionarios le manifestaban que "no puede trabajar tantas horas porque nos perjudica y nosotros trabajamos hasta las 4 de la tarde y nos vamos. Así se lo dijeron muchas veces".

Las declaraciones generaron una rápida reacción de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Valparaíso (Afuserv), entidad que agrupa a más de 360 funcionarios de planta y contrata, cuyos dirigentes emitieron una declaración pública en la que rechazaron categóricamente las acusaciones formuladas por la defensa de Marchant.

En el documento –al que accedió Puranoticia.cl– la organización sostuvo que "rechazamos categóricamente cualquier insinuación que pretenda vincular a esta Asociación con actos de persecución, acoso o presiones indebidas hacia el señor Marchant", agregando que "tales afirmaciones son completamente falsas, carecen de sustento y no se condicen con el actuar histórico de nuestra organización".

Asimismo, explicaron que la única instancia de contacto que mantuvieron con el entonces funcionario ocurrió en un contexto estrictamente laboral, señalando que "nuestra única interacción con el señor Marchant ocurrió en el marco de una reunión grupal realizada junto a funcionarios de la unidad en la que se desempeñaba, cuyo objetivo fue recoger distintas inquietudes laborales, organizacionales y de funcionamiento interno del equipo de trabajo", añadiendo que en dicha instancia participaron distintos trabajadores que expusieron libremente sus opiniones respecto del funcionamiento de la unidad.

La agrupación gremial precisó, además, que "fuera de esa actividad, la Asociación no ha sostenido reuniones particulares con el señor Marchant ni ha realizado acciones de persecución, hostigamiento o intervención alguna respecto de su situación laboral", descartando de plano cualquier participación en decisiones relacionadas con la permanencia o salida del exencargado de la reconstrucción.

En la misma declaración, los funcionarios lamentaron verse involucrados en una controversia ajena a su labor gremial, indicando que "lamentamos que se pretenda involucrar a nuestra organización en una controversia que no nos corresponde y que se utilice a los funcionarios públicos como parte de una estrategia comunicacional destinada a desviar la atención del debate de fondo".

Respecto de las afirmaciones vinculadas al desempeño laboral de los trabajadores del servicio, Afuserv también salió al paso de los cuestionamientos formulados por la defensa de Marchant, diciendo que "rechazamos igualmente dichas declaraciones por ser manifiestamente falsas", agregando que los funcionarios del Serviu desarrollan diariamente una labor comprometida y exigente, especialmente en el contexto de la reconstrucción y de los programas habitacionales que se ejecutan.

En esa línea, la organización sostuvo que si existen antecedentes que respalden las acusaciones realizadas, éstos deben ser presentados ante las instancias correspondientes, señalando que "invitamos a quienes las formulan a presentarlas ante la Contraloría General de la República o ante las instancias competentes, de manera de acreditar fehacientemente sus dichos", precisando que los registros institucionales de asistencia y control horario reflejan que los trabajadores del servicio habitualmente cumplen jornadas que exceden el horario ordinario de trabajo.

Más allá de la controversia puntual, la Asociación de Funcionarios del Serviu expresó que "el debate principal no dice relación con la culpabilidad o inocencia de una persona, cuestión que corresponde determinar a las instancias competentes", agregando que lo que legítimamente preocupa tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos es el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y confianza pública que deben regir el actuar de quienes administran recursos públicos y participan en procesos tan sensibles como la reconstrucción de viviendas.

La organización también enfatizó que "la función pública exige no sólo actuar conforme a la ley, sino también evitar cualquier situación que pueda generar dudas razonables respecto de eventuales conflictos de interés o beneficios particulares derivados del ejercicio de un cargo público", subrayando que la confianza ciudadana constituye un bien esencial que las instituciones tienen el deber de resguardar.

Finalmente, los representantes gremiales manifestaron que "consideramos plenamente legítimo que las autoridades adopten las medidas que estimen necesarias para proteger la transparencia, la credibilidad institucional y la confianza pública, siempre con estricto respeto al debido proceso y a los derechos de las personas involucradas", concluyendo con un llamado a que "las discusiones públicas se desarrollen con responsabilidad, respeto y apego a los hechos, evitando imputaciones infundadas que afectan injustamente a organizaciones gremiales y a cientos de funcionarios públicos que diariamente desempeñan su labor con profesionalismo, compromiso y vocación de servicio".

De esta forma, la controversia derivada de la salida de Roberto Marchant del Serviu de Valparaíso suma un nuevo capítulo, con posiciones contrapuestas entre la defensa del exfuncionario y la organización que representa a los trabajadores del servicio. Mientras la causa civil que motivó el debate continúa su tramitación en tribunales, las declaraciones cruzadas mantienen abierto un conflicto que sigue generando repercusiones al interior de una de las instituciones que tiene a su cargo el proceso de reconstrucción posterior al megaincendio de febrero de 2024.

PURANOTICIA