Alcaldesa de Hijuelas suma 87 contratos de seguridad con el Estado tras entrar en vigencia la ley 21.659 que los prohíbe

87 órdenes de compra por servicios de seguridad privada habría recibido una empresa vinculada a la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (independiente, ex UDI), después de la entrada en vigencia de la ley que impide a sociedades con participación de determinadas autoridades públicas contratar este tipo de prestaciones con el Estado.

Los antecedentes –publicados por El Mostrador y detectados mediante el cruce de información de la plataforma EstadoClaro.cl con registros de Mercado Público y la declaración de patrimonio de la jefa comunal hijuelana– apuntan a la empresa Protec Chile, cuyo nombre legal es Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda.

La Ley 21.659 sobre Seguridad Privada comenzó a regir el 28 de noviembre de 2025. Su artículo 36 establece que las empresas en las que participen autoridades como alcaldes y concejales no pueden prestar servicios de seguridad privada a organismos de la Administración del Estado ni a corporaciones autónomas de derecho público.

Pese a ello, desde esa fecha y hasta el 15 de octubre de 2026, la firma habría concretado negocios con 20 organismos públicos. Entre ellos figuran el Servicio de Salud de Coquimbo, el Hospital de Ovalle, el Cesfam de Llay Llay, el Hospital de Putaendo, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y el Registro Civil.

CONTRATO POR $50 MILLONES

Uno de los acuerdos posteriores a la entrada en vigor de la normativa corresponde al Registro Civil, organismo que emitió el 10 de agosto de 2026 una orden de compra por $50.769.427 para instalar alarmas con monitoreo en sus oficinas de Valparaíso.

Tras ser consultada por el medio que dio a conocer los antecedentes, la institución comunicó el término anticipado del contrato. En su respuesta, la Dirección Regional de Valparaíso señaló que la decisión se adoptó en el marco de sus procedimientos de control interno y auditoría preventiva.

La información disponible también indica que 64 de las 87 órdenes de compra posteriores al inicio de la ley se originaron en 12 licitaciones adjudicadas antes del 28 de noviembre de 2025. Las otras 17 corresponden a nueve procesos adjudicados una vez que la normativa ya estaba vigente.

ROSSAT SE DEFIENDE

Rossat sostuvo que no ha utilizado sus cargos públicos para favorecer a su empresa y afirmó que no interviene directamente en los procesos de licitación. Al respecto, la primera autoridad comunal declaró a El Mostrador que "ni los conozco (a las contrapartes). No participo en las licitaciones. No estoy yo ahí".

También aseguró que su compañía nunca ha contratado con el Municipio de Hijuelas, pese a los cientos de órdenes de compra con otras entidades estatales. Según explicó, la firma tiene una trayectoria de 38 años y cuenta con otros clientes.

"No tengo idea (de la norma), pero no podrían prohibir porque estarían prohibiendo la libertad de asociación, la libertad de trabajo", afirmó la autoridad al ser consultada por la Ley de Seguridad Privada. La jefa comunal también cuestionó la constitucionalidad de la disposición y planteó que debía estudiar su alcance.

En ese contexto, Rossat señaló que revisará la normativa para determinar si las restricciones se aplican a empresas nuevas o a contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor. A su juicio, existirían razones por las que la ley no debería aplicarse a su situación actual.

MÁS DE 500 ÓRDENES DE COMPRA

El registro completo de la empresa contabiliza 501 órdenes de compra aceptadas por 37 organismos públicos entre el 23 de julio de 2021 –cuando Verónica Rossat asumió como concejala– y el 15 de octubre de 2026.

De ese total, 320 se emitieron durante su período como concejala y otras 181 desde que asumió como alcaldesa. En cuanto a los mecanismos de contratación, 381 correspondieron a licitaciones, 96 a tratos directos y 20 a compras ágiles; en nueve de estas últimas no se informó una causal.

Los servicios contratados incluyen principalmente guardias de vigilancia, sistemas de instalación y monitoreo de alarmas. Entre los principales clientes de la firma figuran la Municipalidad de Ovalle, el hospital de esa comuna y el Registro Civil.

Rossat defendió la actividad comercial de la sociedad y afirmó que no es la única autoridad que participa en empresas que mantienen negocios con el Estado. "Muchos hacen contratos con el Estado (mediante) sociedades donde pertenecen. De repente uno no puede vivir de este sueldo nomás, pues no. Probablemente (tengo) la mayor (cantidad de contratos), pero no soy la única", sentenció.

PURANOTICIA