Abogado detalla denuncia presentada contra estacionamientos privados en edificio Boulevard Montemar de Concón

La controversia en torno al edificio Boulevard Montemar, en Concón, sumó un nuevo capítulo luego de que la Fundación Defendamos la Ciudad solicitara a la Contraloría General de la República una fiscalización integral por presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas.

La presentación, encabezada por Patricio Herman junto a la abogada Susan Escobar, denuncia modificaciones no regularizadas en los planos, alteraciones de bienes comunes, uso comercial de estacionamientos destinados a visitas y la falta de ejecución de órdenes de demolición dictadas por la propia Dirección de Obras Municipales (DOM) para los pisos 17 y 18.

A estos cuestionamientos se suman posibles anomalías en la densidad habitacional contemplada en la normativa urbanística aplicable y deficiencias en las conexiones eléctricas que se encuentran bajo revisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La tramitación del proyecto también ha sido objeto de cuestionamientos por la participación del arquitecto Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda.

Tras presentar las denuncias ante los organismos de control, el abogado y presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, entregó nuevos antecedentes en entrevista con Puranoticia.cl, sobre el alcance de las presuntas irregularidades que afectarían al complejo inmobiliario y explicó los motivos que llevaron a la organización a iniciar acciones de fiscalización.

Durante la entrevista, el dirigente detalló los principales hallazgos denunciados y el origen de las gestiones impulsadas junto a la abogada Susan Escobar:

"Nace a raíz de una investigación que hizo una abogada Susan (Escobar) (...) ella es copropietaria, ella tiene una oficina de abogada y conversando con ella llegamos a la conclusión que este proyecto contiene varias irregularidades administrativas incluso presuntos delitos".

ESTACIONAMIENTOS Y OBRAS

Uno de los puntos cuestionados corresponde al destino de los estacionamientos de visita y a su posterior inscripción. Al respecto, Herman sostuvo que estos espacios habrían sido convertidos en recintos de uso privado por parte de las inmobiliarias, pese a las objeciones planteadas durante el proceso:

"Los estacionamientos de visita fueron transformados en estacionamientos privados de las inmobiliarias y eso no se puede hacer. Hubo un rechazo expreso, contundente, del conservador de bienes raíces de Concón, Eugenio Gaete, (…) para la inscripción. Y después, digamos de una manera poco clara, en mi opinión, finalmente se inscribió".

Otro de los cuestionamientos apunta a las construcciones ubicadas en los pisos superiores del edificio y a la falta de ejecución de una orden de demolición. Sobre este punto, el presidente de la fundación señaló que la medida continúa pendiente y cuestionó la actuación de la autoridad comunal:

"Hay otra situación pendiente, referido a una orden de demolición que el alcalde, por algún motivo extraño, todavía no la ejecuta. El alcalde tiene todas las atribuciones legales para proceder en tal sentido".

En cuanto a la tramitación del permiso de edificación y a los profesionales que participaron en el proceso, Herman mencionó a los arquitectos responsables y se refirió al vínculo familiar de uno de ellos con el ministro de Hacienda:

"Este permiso fue tramitado por dos arquitectos de La Plaza, de allá de la Quinta Región, uno de apellido Quiroz y el otro de apellido Puelma. (…) es el hermano del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda anda diciendo que hay que combatir la viveza del chileno".

NORMATIVA URBANÍSTICA

La densidad habitacional del proyecto también forma parte de los antecedentes expuestos por la organización. Según explicó Herman, la cantidad de viviendas construidas superaría la que, a su juicio, habría correspondido de acuerdo con los parámetros urbanísticos aplicables al terreno:

"Y el plan regulador de Viña del Mar establecía, en forma perentoria, que en ese sector (...) permitía una altura, un máximo de vivienda haciendo las proporciones de 30 viviendas por hectárea. Y como el terreno tiene más o menos 8.000 metros cuadrados, en rigor, en nuestra opinión, en las viviendas (...) podrían ser, haciendo la proporción, unas 25 o 26, pero se construyeron 37".

Consultado sobre las eventuales consecuencias del caso para los propietarios y ocupantes del inmueble, el representante de la fundación sostuvo que las actividades comerciales y residenciales continúan funcionando, por lo que no anticipó efectos inmediatos para quienes utilizan las dependencias:

"No va a pasar nada por una razón muy simple, porque todos los departamentos, hay un strip center (…) y las oficinas están todas funcionando".

FISCALIZACIÓN DE CONTRALORÍA

Finalmente, Herman explicó que la presentación ante la Contraloría busca esclarecer las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos denunciados. En ese contexto, apuntó a la actuación de los funcionarios municipales que participaron en la autorización del proyecto y a la falta de ejecución de la medida de demolición:

"La Contraloría podría llegar a la conclusión que ahí hay delitos. Y si hay delitos, naturalmente las responsabilidades no son de los privados, las responsabilidades son de los funcionarios municipales que otorgaron estos permisos, y de un alcalde que se resiste a ordenar la demolición resuelta".

Se espera que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre los antecedentes presentados, lo que podría derivar en la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, según corresponda, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y penales relacionadas con los hechos denunciados.

PURANOTICIA