Casi cuatro años después de conocer un lapidario informe de Contraloría, este martes ocho funcionarios de la Municipalidad de La Cruz serán formalizados por presunta malversación de caudales públicos.
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Por una presunta malversación de caudales públicos detectada entre enero de 2014 y julio de 2015, este martes 30 de abril, en el Juzgado de Garantía de La Calera, se realizará una audiencia de formalización en contra de ocho funcionarios de la Municipalidad de La Cruz, donde se dará a conocer el detalle de los cargos en contra de los trabajadores, todos muy cercanos a la administración de la alcaldesa Maité Larrondo (UDI).
En concreto, se trata del concejal Andrés Leiva (UDI); de la ex directora de planificación, Evelyn Pinto; de los funcionarios Eduardo Monsalves y Miriam Reinoso; de la administradora municipal, Javiera Pizarro; de la secretaria de Alcaldía, Magaly de la O; del funcionario de la entonces Dirección de Planificación, y actualmente en el cargo de Director Regional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas Matías Planas; y de otro de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Juan Carlos Vergara, quizás uno de los más cercanos a la actual alcaldesa.
Pese a que hasta el momento no hay querella que permita identificar los hechos por los cuales serán formalizadas estas ocho personas, el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Patricio Toro, explicó que dicen relación con un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso el año 2016, en el cual se resolvió iniciar un reparo por $387 millones, tras detectarse una serie de pagos improcedentes en la Municipalidad de La Cruz.
Dicho informe cuestionó el pago de $23,4 millones al concejal Andrés Leiva, durante 18 meses, por no haber adjuntado los informes sobre las actividades que realizó como coordinador de asuntos religiosos y por no ajustarse dicho trabajo a las funciones municipales.
De esta manera, la Contraloría detectó en su investigación una serie de irregularidades administrativas y otras que pueden ser constitutivas de delitos de carácter penal, por lo que todos estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de La Calara, que derivó el caso a la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso.
El abogado del concejal Leiva, Juan Carlos Manríquez, señaló al respecto que su representado "nos ha instruido ser claros en sostener su disposición a actuar de inmediato en la causa, aportar todo lo que sea requerido y necesario, sin ambages, y reclamar su total inocencia y falta de intervención en cualquier acto reprochable. Será una investigación larga, quizás, pero estimamos que debiera resolverse en los mejores términos".
EL SEGUNDO INFORME DE CONTRALORÍA Y LAS ASESORÍAS COPY PASTE
Un segundo informe de Contraloría que fue conocido a finales del 2018 y que analiza el periodo 2017, un año después de conocida las primeras formalizaciones que se llevaran a cabo este martes, reveló otra serie de anomalías en el funcionamiento del municipio de La Cruz, que involucra nuevamente a una persona que también se encuentra en la administración regional del segundo gobierno de Sebastián Piñera: se trata de Ricardo Figueroa, seremi de Desarrollo Social.
Figueroa fue cuestionado por una serie de informes denominados "Copy Paste", que realizó a la comuna de La Cruz. Cabe consignar que Figueroa Ayala pertenece a la UDI, mismo partido de la alcaldesa.
Según fuentes judiciales de Puranoticia.cl, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía que investiga estas asesorías del actual Seremi de Desarrollo Social, las cuales le permitieron ingresos por al menos $10 millones solicitó al municipio de La Cruz una serie de antecedentes, entre ellos el contrato a honorarios de Figueroa con el municipio, fechado 1 de enero del 2017, y un segundo acuerdo laboral firmado el 1 de julio de ese mismo año.
También se solicitó el decreto alcaldicio municipal, que permitió la contratación de estos servicios por parte del municipio de La Cruz con el actual Seremi.
También, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía le solicitó al Municipio de La Cruz todos los informes que Ricardo Figueroa Araya proporcionó a la Municipalidad, dentro de la órbita de estas asesorías contratadas.
Por último, la Fiscalía solicitó toda la documentación que se encuentre en el municipio , en cualquier soporte, que den cuenta de las actividades, tareas, reuniones o cualquier actividad análoga y complementaria que den cuenta de las labores desarrolladas por el hoy investigado seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa Ayala.
PURANOTICIA
