Esta situación se reitera en el marco de cursos dictados en el Hospital Dr. Gustavo Fricke y en la Central Odontológica de la Primera Zona Naval de la Armada. Antecedentes irán a la Fiscalía.
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Una persona, que solicitó reserva de su identidad, acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso, para solicitar que se investigue al Hospital San Martín de Quillota (HSMQ), específicamente respecto a contrataciones de cursos sobre Programas de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). Esto dio origen a una indagatoria, que derivó en la detección de diversas irregularidades y falencias, las cuales fueron consignadas en Informe Final de Investigación Especial N° 310, de 2019, y al cual Puranoticia.cl tuvo acceso.
En resumen, el denunciante comienza señalando que Juan Pastenes Henríquez, encargado IAAS del centro asistencial quillotano, se vio afectado por un conflicto de intereses al requerir la contratación de la empresa Especialistas Asociados en Capacitación e Infecciones Ltda., para la realización de cursos sobre programas de prevención y control de IAAS, durante los años 2016, 2017 Y 2018. Ello, si se considera que ese funcionario egresó de la Universidad de Valparaíso (UV) y que las relatorías fueron impartidas por Patricio Nercelles Muñoz, docente de la misma casa de estudios.
La indagatoria de Contraloría concluyó al respecto que la sola circunstancia de que dicho funcionario haya egresado de la misma universidad en la que Patricio Nercelles se desempeña como docente, "no aparece como una situación que, objetiva o potencialmente, permitan presumir una falta de imparcialidad que obligue al primero a abstenerse de intervenir en las contrataciones analizadas". De esta manera, se desestimó la denuncia en este aspecto.
El denunciante anónimo también señaló que la modalidad de trato directo empleada en dichas contrataciones no se encuentra suficientemente justificada; que a los cursos asistieron funcionarios que no cumplen los requisitos establecidos en el compromiso de gestión N° 21; Y que los certificados entregados a los asistentes fueron emitidos por la UV, en circunstancias que los pagos fueron cursados a la referida sociedad. Finalmente, indicó que la contratación de los servicios del hotel Open de Quillota, lugar donde se llevaron a cabo las capacitaciones, incluyó almuerzo a la carta para los asistentes, lo que, a su juicio, resultó desproporcionado.
En este punto, el órgano contralor verificó que entre los años 2016, 2017 y 2018, el Hospital San Martín de Quillota suscribió tres tratos directos para la realización de tres cursos sobre programas de prevención y control de IAAS: uno con Patricio Nercelles Muñoz, como persona natural; y dos con la empresa Especialistas Asociados en Capacitación e Infecciones Ltda., los cuales se llevaron a cabo en el hotel Open de Quillota.
Teniendo en cuenta que el procedimiento de trato directo es una modalidad de carácter excepcional, se verificó que el centro asistencial quillotano regularizó la contratación directa de Patricio Nercelles Muñoz, para la realización de un curso por la suma de $4.000.000, para cuyo efecto se invocó una causal que autoriza dicha modalidad excepcional cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación, y esta no supera las 100 UTM.
Al respecto, Contraloría indicó que a pesar de que la empresa posea experiencia, que haya prestado dichos servicios al hospital en años anteriores y que el relator cuente con un alto nivel de calificación técnica, "no es suficiente para invocar la referida causal, pues la norma exige, además, que se estime que no existan otros proveedores que otorguen seguridad y confianza".
En su respuesta, desde el Hospital San Martín de Quillota señalaron que el valor cobrado por la empresa fue un 50% menor que el precio que a esa fecha cobraban otros proveedores y añadieron que, en los años 2017 y 2018, no existía otro proveedor que otorgara el nivel de seguridad y confianza que ofrecía dicha empresa. Dicha situación, a juicio de Contraloría, "en nada desvirtúan el hecho objetado", por lo que deberán realizar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas.
En un segundo punto detectado por Contraloría, se indica que de los 43 funcionarios que asistieron a los cursos analizados -que correspondían a actividades de capacitación para la promoción-, 36 se encontraban designados a contrata, modalidad que sólo procede respecto del personal de planta, dado que ella dice relación con la carrera funcionaria, a la que no se encuentran afectos los empleados que sirven sus cargos bajo dicha modalidad.
En la misma línea, el dictamen N° 22.338, de 1994, de la entidad de control, precisa que la capacitación para la promoción no resulta aplicable a los funcionarios a contrata, dado que dichos empleos se encuentran al margen de la carrera funcionaria, y que, por lo tanto, a aquellos sólo le alcanza las normas sobre capacitación de perfeccionamiento y voluntaria, casos en los que los interesados deben ser seleccionados a través del respectivo concurso, cuestión que en este caso tampoco aconteció.
Teniendo en cuenta que el hospital de Quillota no se pronunció sobre este punto, el órgano fiscalizador decidió mantener la observación, por lo que deberá dar estricto cumplimiento a la normativa legal y jurisprudencia aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, el centro asistencial deberá incorporar esta materia en el sumario administrativo.
De igual forma, se estableció que a dichas capacitaciones asistieron seis servidores que prestaron servicios bajo la modalidad de honorarios, en circunstancias que en los convenios respectivos, las partes no contemplaron el beneficio de capacitación, de manera que esos prestadores no tenían derecho a asistir a tales cursos, lo que vulneró, por un lado, lo prescrito en el artículo 11 de la ley N° 18.834, y por otro, lo manifestado por la Contraloria General en los dictámenes Nº 80.868, de 2014, y 3.140, de 2015, entre otros.
Otro resultado de la investigación de Contraloría manifiesta que los pagos efectuados por el Hospital San Martín de Quillota a Patricio Nercelles Muñoz -como persona natural-, a la empresa Especialistas Asociados en Capacitación e Infecciones Ltda., y a la Sociedad Hotelera Espacio Ariztía Ltda., fueron indebidamente imputados en las cuentas contables 22-01-001-001, 22-09-002, 22-11-999 y 22-12-999, según en cada caso corresponde.
En concreto, y de acuerdo a los antecedentes aportados por el HSMQ, aparece que entre 2016 y 2018, el recinto asistencial pagó a Patricio Nercelles Muñoz y a la sociedad Especialistas Asociados en Capacitación e Infecciones Ltda., la suma de $14.000.000, por concepto de relatorías sobre programas de prevención y control de IAAS; y a la Sociedad Hotelera Espacio Ariztia Ltda. (Hotel Open), la suma de $6.207.156, por la provisión de coffee break y almuerzos, además del arriendo de sus salones para el desarrollo de las citadas actividades.
Producto de esta situación, el hospital quillotano deberá dar estricto cumplimiento al decreto que dispone que los gastos asociados a la ejecución de programas de capacitación que se realicen deberán ser imputados en los rubros que correspondan, de acuerdo a la naturaleza de gasto.
Finalmente, Contraloría detectó en su investigación que los 81 certificados entregados por Patricio Nercelles Muñoz y la empresa Especialistas Asociados en Capacitación e Infecciones Ltda., a los asistentes de los cursos realizados en 2016, 2017 y 2018, aparecen corno expedidos por la Universidad de Valparaíso, y firmados por el Decano y Directora de Postgrado de la Facultad de Medicina, además de Nercelles como director del curso.
Sin embargo, de acuerdo a lo lnformado por esa casa de estudios, dichos cursos no fueron impartidos por el plantel y, por ende, señalaron enfáticamente que tales documentos no corresponden a diplomas oficiales emitidos por la universidad. Esta situación se reitera en diplomas que fueron entregados por la empresa, en el marco de cursos dictados en el Hospital Dr. Gustavo Fricke y en la Central Odontológica de la Primera Zona Naval de la Armada.
En ese sentido, se verificó que la Universidad de Valparaíso ordenó la instrucción de una investigación sumaria, a objeto de determinar la existencia de las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran verse involucradas en la emisión de los referidos diplomas. Así, los hechos descritos podrían significar una transgresión al principio de probidad administrativa.
En su respuesta a la entidad fiscalizadora, el hospital no se pronuncia sobre este punto.
Por último, considerando que algunas de las situaciones advertidas podrían revestir el carácter de delito, Contraloría anunció que remitirá copia del Informe Final de Investigación Especial N° 310, de 2019, a la Fiscalía Local de Valparaíso.
PURANOTICIA
