El hecho ocurrió en la administración del ex Gobernador Christian Cárdenas y el monto supera los 100 millones de pesos.
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Un completo Informe elaboró la Contraloría General de la República de Valparaíso que revela una serie de irregularidades detectadas en la contratación por trato directo del servicio de arriendo de camiones aljibes entre la Gobernación de Marga Marga y un contratista.
El hecho que se investigó por parte del ente contralor se refiere al año 2016, periodo en que estaba en la Gobernación de Marga Marga, Christian Cárdenas, quien asumió el cargo tras la salida de Gianni Rivera, de la Democracia Cristiana.
El Informe Final de la Investigación Número 205, al que tuvo acceso Puranoticia.cl, cuenta en detalle la serie de irregularidades presentadas en un servicio que supuestamente se debió haber prestado entre los meses de abril y junio del año 2016, y cuyo Informe elaborado por Contraloría, cuestiona en diversos puntos.
Desde un tiempo a esta parte, algunos sectores de la Región de Valparaíso han sufrido con la sequía que azota a buena parte del país, es por aquello que en mayo del 2016, el entonces Gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, solicitó al entonces Director Regional de la Onemi, Guillermo de la Maza, gestionar la renovación de arriendo de camiones aljibes por al menos tres meses, y con ello abastecer de agua potable a diversos sectores de la comuna de Olmué, debido a que el municipio no daba abasto con el abastecimiento en sectores de su comuna.
La solicitud realizada por el gobernador Cárdenas a la Onemi fue acompañado por tres cotizaciones, como lo señala el Informe Final de Contraloría, todos por un monto que supera los 100 millones de pesos.
En septiembre del 2016, la Subsecretaria del Interior aprobó transferir los recursos a la Gobernación para la contratación de seis camiones para sectores de las comunas de Limache y Olmué.
El Informe de Contraloría cuestiona finalmente la contratación, por parte de la Gobernación, de un servicio ejecutado por el contratista Joel Valdenegro Parra, quien hizo cobro de sus servicios después de recibir la correspondiente Orden de Compra número 588655-266-SE16 y ante lo cual el contratado emitió la factura 54, por un monto de $ 112.104.000, (ciento doce millones ciento cuatro mil pesos), la que fue imputada a la cuenta complementaria 114050203 con el ítem "Sequía".
Tras la investigación, la Controlaría determinó que la Gobernación no confeccionó los términos de referencia del trato directo analizado. También se comprobó que el contrato con el contratista fue celebrado el 26 de noviembre del 2016, en tanto que la resolución exenta y su respectiva Orden de Compra fueron emitidas en diciembre del 2016; esto es, transcurridos más de cinco meses contados desde la fecha en que se habría iniciado la prestación de los servicios, lo anterior implica una infracción al artículo número de 8 de la Ley 18.575.
También queda consignado en la investigación de la Contraloría que la Gobernación, en ese momento al mando de Christian Cárdenas, no exigió al mencionado proveedor la presentación de una boleta de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, vulnerando así el artículo 68, inciso final del decreto número 250 del año 2004, que dispone que esta boleta será obligatorio para las contrataciones que superen las 1.000 UTM, como era en este caso.
Por otro lado, la Contraloría llegó a la conclusión, ante los antecedentes expuestos, que las características de los camiones aljibes ofrecidos por el proveedor en la cotización presentada a la Gobernación, que le permitió adjudicarse por trato directo el millonario contrato de más de 100 millones de pesos, difieren de aquellos singularizados en el contrato celebrado con el proveedor posteriormente.
Contraloría también verificó anomalías en las hojas de ruta de los camiones y sus prestaciones de servicios. Se adjuntó la copia de 76 hojas de ruta, en las que se indica que el proveedor distribuyó agua potable entre el 13 de junio y el 13 de septiembre de 2016, utilizando para tales efectos los ya indicados camiones.
No obstante, las validaciones efectuadas permitieron advertir que la totalidad de esas hojas de ruta corresponden a fotocopias de tan sólo ocho documentos, cuyos originales no fueron habidos, a los cuales sólo se les modificaba las fechas en que habría sido entregado el recurso hídrico.
En este punto, el órgano fiscalizador indicó que "la Gobernación no proporcionó las hojas de ruta originales, en las que debían registrarse diversos datos relacionados con la entrega de agua, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 4° de la resolución N° 30 de 2015 de Contraloría, por lo que dicho servicio, en lo sucesivo, deberá adoptar las medidas que resulten necesarias para dar estricto cumplimiento a la normativa legal citada".
Por otro lado, de 18 beneficiarios consultados, cinco desconocieron la firma estampada a su nombre; seis firmaron su declaración con una rúbrica distinta, y uno manifestó no haber recibido el beneficio, en circunstancias que aparece registrado con 27 entregas.
Asimismo, se advirtieron cinco casos en que las firmas estampadas por un mismo beneficiario, en diferentes entregas, difieren entre sí.
De las anotaciones consignadas en las mencionadas hojas de ruta, aparece que 14 personas habrían sido beneficiadas con la entrega de agua potable dos veces por semana, según se detalla en el Anexo N 1, en circunstancias que las 18 personas que prestaron testimonio a Controlaría, manifestaron que el citado recurso siempre les fue entregado una vez a la semana, lo que fue ratificado por el encargado de Emergencias de la Municipalidad de Olmué de la época.
Por todo esto, Contraloría señala que "debe observarse que los antecedentes proporcionados por la Gobernación resultan insuficientes para acreditar la efectiva prestación de los servicios contratados y pagados al señor Valdenegro Parra".
En tales términos, los hechos observados "podrían significar, además, una transgresión al principio de probidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la citada ley N° 18.575, que exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden juridico, una gestión eficiente y eficaz, en la administración de los recursos públicos a su disposición, cuestión que en la especie no habría acontecido".
En el informe, la Gobernación de Marga Marga manifiesta que el contrato examinado estipuló que la Municipalidad de Olmué era el organismo que debía fiscalizar en terreno la entrega de agua potable, y que, en todo caso, nunca recibió un reclamo de parte de esa entidad edilicia o de los beneficiarios, relacionado con irregularidades en la prestación de esos servicios.
No obstante, la Municipalidad de Olmué expresa que no tuvo injerencia alguna en los términos del contrato celebrado entre la Gobernación y el proveedor, que nunca fue informada sobre el contenido de ese convenio, y que, en tales condiciones, se encontraba impedida de fiscalizar el cumplimiento de cláusulas que para ella eran desconocidas.
Pese a ello, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo, con el objeto de investigar las responsabilidades administrativas que pudiesen corresponder a funcionarios de ese municipio.
MEDIDAS
Atendidos todos los antecedentes recabados durante la fiscalización, Contraloría indicó que "resultan insuficientes para acreditar la efectiva prestación de los servicios contratados y pagados al señor Joel Valderrama Parra", por lo que "formulará el reparo correspondiente, por la suma de $112.104.000".
Sin perjuicio de lo anterior, señalaron que corresponde que el Intendente Regional de Valparaíso "ordene instruir un sumario administrativo en la Gobernación de Marga Marga, a objeto de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran verse involucradas en los hechos descritos, debiendo remitir copia de la resolución que lo inicie en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del informe final".
En tanto, la Municipalidad de Olmué deberá proseguir el sumario administrativo iniciado, velando porque éste se desarrolle en los plazos estipulados en la ley N° 18.883, debiendo remitir a la Contraloría Regional para el trámite de registro, el acto administrativo que afine dicho procedimiento disciplinario.
Contactada por Puranoticia.cl, la actual Gobernadora de Marga Marga, María Carolina Corti, señaló que "cuando recibimos todas las observaciones de Contraloría, se nos instruye dar cumplimiento a lo que mandan y ya habíamos venido trabajando en una serie de medidas de control que tenían que ver con la certificación y fiscalización de las prestaciones de servicio, por cuanto hemos reforzado esa parte, sin perjuicio de aclarar que estas observaciones ocurrieron en un periodo en el cual yo no era Gobernadora".
De igual forma, sostuvo que "en este minuto, lo que vamos a esperar es el Informe Final notificado, y con esto hacer efectivas las instrucciones que ellos estipulen. Eso significa que entendemos que, por la información que tengo hasta el momento, se va a instruir un sumario desde la Intendencia Regional, donde ellos también deben ser notificados".
Corti también explicó que "yo entiendo que la contratación se hizo entre el periodo de salida de Gianni Rivera y la llegada de Christian Cárdenas. La contratación pudo haber sido en el periodo de Gianni y la ejecución pudo ser en el periodo de Christian".
Por último, aseguró que actualmente, como Gobernación de Marga Marga, "no tenemos prestaciones de camiones aljibe, pero lo importante siempre será el control y fiscalización, porque sabemos que Contraloría tiene un especial cuidado en esta clase de prestaciones, por tanto siempre vamos a tratar de perfeccionar el sistema" y concluyó que "por eso resguardamos todos los elementos administrativos que Contraloría nos pueda demandar el día de mañana en la justificación de la emergencia".
PURANOTICIA
