Larga sesión evidenció la rivalidad que existe entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Ministerio Público para encabezar las acciones en contra de la colusión.
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Tras una larga sesión que evidenció la rivalidad que existe entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y el Ministerio Público para encabezar las acciones en contra de la colusión, los integrantes de la Comisión de Economía del Senado despacharon en general el proyecto que repone las penas de cárcel para ese delito.
En la jornada de hoy, los legisladores escucharon a representantes de ambos organismos.
El Ministerio Público, representado por la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth, hizo ver una serie de reparos en cuanto a la normativa, cuestionando que el juicio antimonopólico esté por sobre el penal. "Nos preocupa el rol de la víctima en cuanto a su legítima aspiración de justicia", agregó.
Por su parte, el abogado de la fiscalía, Andrés Salazar profundizó en diversos visos de inconstitucionalidad que tendría el proyecto.
"Esta norma asegura que en futuras colusiones, habrá efectivas sanciones penales, pero en realidad esto no se puede garantizar con esta redacción. El Ministerio Público no puede ejercer su función de represión que le consagra la Constitución Política. Nosotros debemos evitar la venganza privada y por eso asumimos esta acción, pero acá no se nos permite", aclaró.
"El foco de la investigación penal es más amplio y preciso que el de la autoridad de defensa de la libre competencia. También los niveles de prueba son diferentes y me parece que como está planteado, habrá alto riesgo de impunidad. Hay muchas anomalías constitucionales porque se deja en segundo plano el órgano indicado que el Ministerio Público", planteó ejemplificando en que "las víctimas solo podrán querellarse si lo hace antes del fiscal nacional económico".
Respecto a la delación compensada, también advirtió que "se ha instalado un eslogan que dice 'al delator hay que acogerlo', pero olvidamos que éste es un criminal".
Asimismo calificó como equivocado que en el caso que alguien entregue información falsa a la Fiscalía Nacional Económica, se genere un nuevo delito. "El Ministerio Público actúa de oficio en estos casos, no me parece incorporar a la fiscalía en esto", comentó.
Por su parte, el presidente del TDLC, Tomás Menchaca, se mostró a favor muchos de los cambios que se han realizado al mensaje original, sin embargo coincidió respecto a lo complejo que sería establecer sanciones penales en estos casos.
"Se evidencian una serie de problemas prácticos cuando se busca encarcelar a quienes se coluden. Prefiero mantener un sistema administrativo eficiente con multas fuertes. Sabemos que la sanción debe ser inolvidable, pero debemos preguntarnos ¿nuestro diseño institucional está hecho para que se pueda perseguir los carteles con más eficiencia?", cuestionó recordando que cuando se podía recluir a estos delincuentes, nunca se hizo.
"Una sanción penal va a dificultar la lucha contra los carteles, y la disuasión no solo depende de la gravedad de la pena sino también de la capacidad de detección", mencionó.
ATON CHILE
