Congreso despachó proyecto que amplía rango de declaración de intereses

Tras la aprobación en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, el Congreso despachó el proyecto de ley sobre probidad en la función pública, que tiene por objeto regular el buen ejercicio del desempeño de un cargo, evitando conflictos de intereses y aumentando los niveles de transparencia de las autoridades.

Este es el segundo proyecto de ley de la Agenda de Probidad y Transparencia que lleva adelante el Gobierno en aprobarse, luego de que la semana pasada el Senado despachara la reforma constitucional que da autonomía al Servel.

La iniciativa amplía el rango de autoridades y funcionarios que estarán obligados a declarar su patrimonio e intereses. Asimismo, extiende el ámbito de lo que debe declararse, tanto bienes como las actividades que realizan, así como también, aquellas relaciones familiares y afectivas que pudieran interferir con el objetivo de sus funciones en el servicio público.

El ministro Nicolás Eyzaguirre mostró su satisfacción por la aprobación de este proyecto y recalcó que "esta es una ley muy profunda, del más alto estándar internacional y permite a la ciudadanía acceder transparentemente a la información sobre los patrimonios y los intereses de los distintos representantes".

Al mismo tiempo, el secretario de Estado manifestó que elevar los estándares de probidad y transparencia "es un deber que la Presidenta nos ha encomendado y a mí en particular, para tener una reacción maciza y sin ambigüedades frente a la desconfianza ciudadana".

Además, valoró el apoyo de los parlamentarios "en temas que los obliga a ellos mismos, que los somete a niveles de exigencia mayores por parte de la población y eso los dignifica".

La ley extenderá la cantidad de personas o cargos sujetos a declarar intereses y patrimonios: desde el Presidente o Presidenta de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, parlamentarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los cónsules, los parlamentarios, el Contralor General del República, los jueces, los fiscales y las directivas centrales de los partidos políticos, entre otros.

Adicionalmente, no sólo las autoridades de la primera línea política o administrativa deberán hacer estas declaraciones, puesto que también se suman cargos que antes no estaban considerados, tales como: autoridades y funcionarios directivos; profesionales y técnicos de la administración del Estado; personas contratadas a honorarios que presten servicios en la administración del Estado; rectores y miembros de las juntas directivas de las Universidades del Estado, entre otros.

Del mismo modo, también se establecen sanciones para quienes, estando obligados a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, no lo realizaren oportunamente o lo hicieren de manera incompleta. Éstas van de 5 a 50 UTM ($217.495 a $2.174.950) y, en caso de reiterado incumplimiento por más de cuatro meses, hasta la destitución del cargo del infractor.

En este caso, la Contraloría General de la República será el organismo que deberá verificar y sancionar según corresponda. Respecto de los demás órganos el control corresponde a quien tiene el control jerárquico y de probidad en cada caso.

Con respecto al acceso a la información contenida en dichas declaraciones, será el Consejo para la Transparencia y la Contraloría de la República las entidades encargadas de disponer de manera clara y abierta a la ciudadanía este contenido.

La legislación también perfecciona el sistema de declaración de intereses y patrimonio, regula los casos y las condiciones en que autoridades delegarán a terceros la administración de los bienes que suponen conflictos de intereses e incluso dispone la enajenación de todo o parte de esos bienes, a través de la figura del fideicomiso ciego.

Pn/cp

ATON CHILE