El juez Juan Manuel Escobar del Octavo Juzgado de Garantía de Santigo, revocó la detención domiciliaria total a la que estaban sujetos los imputados desde abril pasado.
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A partir de las 09:00 horas de este jueves se desarrolló la audiencia en que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago evaluaría la solicitud del fiscal nacional, Sabas Chahuán, de ampliar el plazo de investigación de 120 días que se dispuso en marzo tras la primera formalización en el marco del caso Penta-SQM.
Cabe recordar que en junio, el Ministerio Público solicitó esta audiencia y pidió además postergar la formalización que el tribunal había fijado para el de 30 del pasado mes en contra del operador político, Giorgio Martelli, y la reformalización del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Ello porque el pasado 6 de julio venció el plazo de investigación y según explicó entonces el fiscal Chahuán había "una multiplicidad de diligencias muy importantes que hacer".
Entre esas diligencias figuraba la declaración del ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorrat, quien acusó presiones desde el Ministerio del Interior en contra de la indagatoria que realizaba el servicio a Soquimich.
Chahuán explicó en su momento que "todos los días surgen nuevos antecedentes" y adelantó que era probable que surgieran otros interrogatorios e incluso otras formalizaciones en el caso sobre delitos tributarios asociados a la emisión de boletas falsas para el financiamiento irregular de la política. Dentro de las personas que deberán declarar figura el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por el rol que tuvo en la empresa Asesorías y Negocios, firma de Martelli vinculada a una serie de pagos de la minera no metálica.
"Sobre la ampliación de investigación necesitamos varios meses. Cuatro o cinco, pero dependemos de lo que el tribunal decida, obviamente", comentó el fiscal Chahuán al explicar la solicitud de esta audiencia, algo que catastraba con lo que señaló el 7 de marzo, cuando se formalizó a los primeros imputados en el caso y comentó que "120 días es un plazo prudente" para la investigación. La larga duración de los interrogatorios, la serie de personas involucradas y la complejidad de análisis de la documentación contable lo obligó a cambiar de idea.
Ya en la audiencia, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, solicitó al juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, ampliar en 150 días el plazo de la indagatoria.
"Estos 120 días que el tribunal autorizó al Ministerio Público investigar la fiscalía ha realizado un total de 255 diligencias, básicamente declaraciones tomadas a un número relevantes de personas, muchas de ellas en carácter de imputados y otras tantas en carácter de testigos, despachó oficios a diversas instituciones públicas y privadas, efectuó instrucciones particulares a la policía, de tal manera de que al momento en que se inició esta investigación formalizada existían aproximadamente ocho tomos de investigación y hoy día los tomos de investigación son más de 30", detalló el fiscal.
"No ha sido una investigación fácil en su desarrollo, como es de público conocimiento ha habido múltiples obstáculos que la fiscalía ha debido enfrentar para llevar adelante esta investigación. Incluso esta misma investigación estuvo un tiempo detenida por orden del Tribunal Constitucional que ordenó la suspensión del procedimiento por breves días, eso sí, a objeto de discutir una materia que para una de las defensas era relevante. Se han conocido en el último tiempo además acciones destinadas a impedir que el Servicio de Impuestos Internos ejerza las atribuciones que la ley establece. Es decir, no es una investigación en que la fiscalía haya tenido facilidades para continuarla adelante", recalcó Gajardo.
A pesar de los argumentos, el Tribunal solo concedió 90 días para continuar con la indagatoria.
La audiencia continuó con la revisión de las medidas cautelares que actualmente cumplen en el marco de la investigación los controladores del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, cuyas defensas rechazaban la ampliación del plazo para investigar.
Pero tras una larga jornada, el juez Escobar decidió rebajar las medidas cautelares de arresto domiciliario total a uno solamente nocturno para los tres implicados, que además ya habían cumplido 50 días de prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber, acogiendo de esta manera los argumentos presentados por la defensa de los implicados, considerando las nuevas rectificaciones presentadas al Servicio de Impuestos Internos (SII) por parte de los imputados, enfatizando que ello corresponde a la reparación con celo del mal causado, variando así los antecedentes presentados la primera vez, cuando se ordenó la máxima de las cautelares.
De esta manera, se revocó la detención domiciliaria total a la que estaban sujetos los imputados desde abril pasado, tras quedar en libertad luego de más de 50 días en prisión preventiva.
Pn/ms
PURANOTICIA
