El regulador propone reforzar la autenticación, pero permitirá el uso excepcional de coordenadas para clientes con barreras de acceso, buscando equilibrar seguridad e inclusión.
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Tras un periodo de 10 meses marcado por diversas oscilaciones en materia regulatoria, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se encuentra promoviendo una nueva normativa respecto al empleo de tarjetas de coordenadas, la cual, hasta el momento, ha logrado concitar consenso en el sector.
De acuerdo a lo consignado por El Mercurio, este asunto ha estado rodeado de controversia, teniendo su génesis en las reformas aplicadas a la “Ley de Fraudes”. Dichos cambios legales tenían como objetivo robustecer la responsabilidad de los usuarios al momento de efectuar transacciones electrónicas y utilizar plásticos bancarios.
En este marco, el organismo regulador había impulsado en junio del año pasado una normativa que finalmente no prosperó. Aquella propuesta buscaba elevar los estándares de seguridad en las operaciones, intentando suprimir de forma definitiva la tarjeta de coordenadas como un método válido para autorizar movimientos financieros.
No obstante, tras detectar diversas “dificultades operativas” que afectaban a los sectores de la población menos digitalizados, y de las cuales el consejo de la entidad aseguró haber “tomado conocimiento”, se optó por postergar la aplicación de la medida hasta agosto del presente año.
Bajo la actual gestión de Catherine Tornel, quien asumió la presidencia de la CMF el pasado 11 de marzo, la estrategia ha dado un giro. La nueva norma en consulta plantea el avance hacia sistemas de validación mucho más rigurosos, pero preserva la tarjeta de coordenadas como una alternativa para grupos específicos que manifiesten “dificultades” para transitar hacia otros mecanismos.
Serán las propias entidades financieras las responsables de reportar qué usuarios se acogerán a esta “excepción”. Para ello, deberán basarse en parámetros “tales como problemas de accesibilidad, desplazamiento u otras que el emisor justifique fundadamente”.
La propuesta, que recibirá comentarios hasta el próximo 14 de abril, estipula además que este beneficio será exclusivo para clientes vigentes y no para nuevas incorporaciones. Las instituciones tendrán la obligación de advertir sobre los riesgos que esto conlleva y deberán realizar “sus mejores esfuerzos por proveer alternativas a estos clientes”.
El sello de la gestión Tornel
A pocos días de haber asumido su cargo, la nueva titular de la CMF ha dado muestras claras de su estilo de conducción. Según detalla El Mercurio, apenas una semana después de suceder a Solange Berstein, Tornel procedió a remover a directivos clave: José Antonio Gaspar en el área jurídica; Nancy Silva en Estudios; y Daniel García Schilling en Supervisión de Conducta de Mercado.
García Schilling fue, precisamente, quien lideró la fallida iniciativa de eliminar las coordenadas, argumentando razones de seguridad superior. Actualmente, su puesto es ocupado de forma subrogante por Nicolás Álvarez, quien se desempeña como director de Supervisión de Administradoras de Fondos y Asesorías de Inversión.
En el sector financiero se percibe que Tornel imprimirá una visión que privilegie el desarrollo del mercado. Esta postura ha sido su rasgo distintivo desde que se integró al Consejo en 2023, periodo en el cual manifestó su desacuerdo con diversas resoluciones del organismo mediante votos disidentes.
Uno de sus disensos más notorios se vinculó con la “Ley de Fraudes”. En esa oportunidad, Tornel se opuso a mantener el límite para la restitución automática de fondos en denuncias por operaciones no reconocidas. Mientras el consejo mantuvo el umbral en 35 UF (cerca de $1,4 millones), ella propuso reducirlo a 15 UF (aproximadamente $600.000), alineándose con la postura de la banca que advierte sobre un “incentivo” a los autofraudes con los montos actuales.
Pese a las excepciones contempladas, los nuevos requerimientos de seguridad entrarán en vigor para el grueso de la población en agosto. Se implementará la Autenticación Reforzada de Cliente (ARC), sistema que exige al menos dos factores de validación, ya sea mediante dispositivos, contraseñas o biometría.
El informe técnico de la propuesta revela que, desde la publicación de mediados de 2025, “se redujo la cantidad de tarjetas de coordenadas en circulación en un 68%, alcanzando 3.260.522 tarjetas vigentes a febrero”.
De esa cifra, cerca de 830 mil usuarios utilizaron las coordenadas como único método de validación en el último año, y un 38% de ellos supera los 60 años. Ante esto, el documento añade que “se espera que el cambio normativo propuesto permita que un subconjunto de estos clientes pueda seguir realizando sus transferencias”.
Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) valoraron los ajustes calificándolos como algo que “es positivo”, especialmente para las “personas mayores u otros usuarios que enfrentan mayores barreras de acceso o adaptación a nuevas tecnologías”. Sin embargo, sugirieron que se podría avanzar también en flexibilizar “operaciones de bajo riesgo”, como las listas blancas o transferencias frecuentes.
Por su parte, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, respaldó la medida señalando que “lo único que uno tiene que exigir aquí es que las entidades financieras inviertan en seguridad, porque ese es el problema”.
PURANOTICIA
