La ministra Camila Vallejo manifestó que "existen comentaristas en nuestro país y tienen ese trabajo; no es el trabajo del Gobierno ser comentarista de cada filtración que aparece de investigaciones que están en desarrollo".
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La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró la posición del Ejecutivo en relación al «Caso Monsalve», en una jornada marcada por la audiencia de control de detención y formalización del exsubsecretario del Interior, imputado por violación y abuso sexual.
"Independientemente de los colores políticos y la militancia, la posición del Gobierno es una sola. Que las investigaciones avancen y que la justicia determine las responsabilidades", subrayó la autoridad, quien además expresó que el Gobierno no debe actuar como "comentarista" ante las filtraciones relacionadas con las investigaciones en curso.
En ese sentido manifestó que "existen comentaristas en nuestro país y tienen ese trabajo; no es el trabajo del Gobierno ser comentarista de cada filtración que aparece de investigaciones que están en desarrollo".
Sus comentarios también apuntaban a las últimas publicaciones de prensa que dan cuenta de que la diputada Catalina Pérez (FA) sabía de traspasos de dinero en Democracia Viva, las que quedarían en evidencia en conversaciones por WhatsApp entre ella y dos de los imputados en el caso, su expareja Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
"Todo esto está en manos de la justicia", dijo la ministra vocera, insistiendo en que "la justicia tiene que actuar con plena igualdad ante la ley, porque nadie puede estar por sobre la ley".
Vallejo llamó a dejar que la justicia determine las responsabilidades y asigne "las penas asociadas, las sanciones asociadas, las responsabilidades primeras, secundarias, finales, etcétera, que estén en cada uno de los casos".
En este marco incluyó "casos asociados a corrupción y delitos de connotación sexual", además de la arista que involucra al abogado Luis Hermosilla en el «Caso Audio». Lo importante, dijo, es que los ciudadanos recuperen las confianzas y para ello las instituciones deben funcionar con "rigurosidad, oportunidad y transparencia".
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