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Vocera de Gobierno descarta que regularización acotada incentive un "efecto llamada" a otros migrantes

Vocera de Gobierno descarta que regularización acotada incentive un "efecto llamada" a otros migrantes

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La ministra Camila Vallejo explicó que "todos los que tienen antecedentes penales o han tenido condena o tienen alguna situación delictual, no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance de regularización".

Vocera de Gobierno descarta que regularización acotada incentive un "efecto llamada" a otros migrantes
Viernes 13 de diciembre de 2024 13:44
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La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el proceso de regularización acotada de migrantes que busca realizar el Ejecutivo.

En conversación con radio Sonar, la secretaria de Estado mencionó que estos procesos “se han hecho gobierno tras gobierno” y detalló que “el gran proceso de regularización fue el último gobierno Sebastián Piñera, que tuvo 324.338 personas, a diferencia de, por ejemplo, Bachelet, que tuvo alrededor de 55.000, y, por ejemplo, durante el gobierno del Presidente Frei, 22.000”.

La autoridad explicó la diferencia entre la regularización y el empadronamiento, indicando que este último "que es este control biométrico, es básicamente para identificar a los migrantes, porque el gran problema que teníamos, es que no sabíamos dónde estaban, quiénes eran, no teníamos identidad de nada”.

De esta forma, señaló que "este empadronamiento, que era voluntario, se inició creo que en junio del año pasado, en 2023, y terminó en febrero de este año, y eso arrojó esta cifra de los ciento ochenta y tantos mil" y afirmó que "no está sobre la mesa el regularizar" a la totalidad de estas personas.

Además, Vallejo negó que este proceso pueda generar un posible llamado a la migración irregular dado que “no garantiza nada” y teniendo en cuenta que “todos los que tienen antecedentes penales o han tenido condena o tienen alguna situación delictual no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance de regularización”.

Por otro lado, la autoridad destacó que han “fortalecido la legislación para las expulsiones tanto administrativas como judiciales, y hemos reforzado también las fronteras para el control de los ingresos irregulares”.

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