Daniel Contreras, fiscal de la Fiscalía Local de Pudahuel, no descartó que haya más funcionarios involucrados y que se sigue con la investigación del caso.
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Cuatro funcionarios del Ejército y un civil fueron formalizados, luego que la Policía de Investigaciones diera con un sujeto que estaba vendiendo un lanzacohetes en redes sociales.
El teniente Eduardo Muñoz y el cabo Carlos Parada quedaron bajo prisión preventiva por el delito de tráfico de armas de guerra, al igual que el civil Juan José Sepúlveda quien vendía el arma modelo AT4 a través de Facebook. En tanto, los cabos Raquel Delgado y Javier Tapia quedaron con arresto domiciliario nocturno.
El fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Local de Pudahuel, explicó que a comienzos de semana recibieron una solicitud de la Policía de Investigaciones (PDI) para la utilización de agentes encubiertos, virtuales y presenciales.
El jueves, uno de los agentes se reunió con Sepúlveda en la comuna de Maipú. Esto debido a que el sujeto fue descubierto a través de redes sociales ofreciendo armamento bélico modelo AT4, que tenía un valor de $2.500.000.
En medio de este encuentro, el individuo fue detenido y reveló que el armamento le fue entregado por Parada. Debido a esto, allanaron el domicilio del funcionario, quien señaló que el arma se la había entregado el teniente Muñoz.
"Se llegó hasta el domicilio de este teniente, quien señaló que era efectivo que había entregado estos lanzacohetes del Ejército a estas dos personas", indicó el fiscal.
En ese sentido, detalló que "se pudo verificar que mantenía una escopeta sin inscripción de una persona fallecida, sin haber hecho ningún papel para su correspondiente regularización, y, además, dicha escopeta de esta persona fallecida no guardaba ningún parentesco con él. O sea, toda la situación es absolutamente irregular, tratándose de una posesión ilegal de arma de fuego, específicamente esta escopeta".
Asimismo, comentó que Parada "mantenía municiones de guerra en su domicilio, munición que debía ser efectivamente o destruida, o debía estar en poder de arsenales de guerra y no en su domicilio particular".
El fiscal no descartó que pueda haber más funcionarios involucrados en este caso.
En tanto, el subprefecto Juan Pardo, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI, sostuvo que "ellos libres y espontáneamente declaran que efectivamente han sacado el armamento de dependencia al Ejército, sin conocimiento de las autoridades del Ejército y que efectivamente uno de ellos estaba comercializando junto a un sujeto que no es miembro de esa institución la comercialización en alrededor de 2 millones de pesos. Fueron sacadas de un recinto militar del sector norte de Santiago".
PURANOTICIA
