La defensa de Yáñez argumentó que no ha tenido tiempo para leer los 1.500 tomos y 50.000 páginas de la carpeta investigativa.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó postergar la formalización de la cúpula de Carabineros durante el estallido social, solicitada por la nueva defensa del exgeneral director Ricardo Yáñez, pero tras la comunicación de cargos otorgará un receso para que conozca en detalle el expediente.
La defensa de Yáñez argumentó que no ha tenido tiempo para leer los 1.500 tomos y 50.000 páginas de la carpeta investigativa, después de asumir la representación del exgeneral director luego del abandono de la causa del abogado Jorge Martínez por una afección cardíaca.
El tribunal optó por una solución intermedia y permitió que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte desarrolle la comunicación de los cargos por los que se formaliza a los exgenerales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. Después de eso, dará un receso de siete días para que la nueva defensa de Yáñez estudie los antecedentes.
La audiencia comenzó a las 9 horas de este martes, con la presencia de la cúpula de Carabineros durante el estallido social, el exgeneral director Mario Rozas Córdova, el exsubdirector general Diego Olate Pinares y el exdirector nacional de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez Reveco.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, los formalizará por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio por hechos ocurridos en 2019 y 2020 en contra de civiles.
De acuerdo a la ley, la conducta omisiva tiene la misma pena que la activa, y dependiendo de la cantidad de casos imputados puede llegar a presidio perpetuo simple, es decir, un mínimo de 20 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario.
Serían cerca de 1.300 los casos que tendría que exponer la fiscalía uno por uno. Debido a la extensión de estos hechos, el fiscal metropolitano Xavier Armendáriz solicitó al Centro de Justicia de Santiago una sala especial de doble altura durante cinco días, eso sólo para la fiscalía, pero faltan las exposiciones de los querellantes y las defensas. Por lo mismo, se estima que la formalización durará aproximadamente un mes.
En cada caso de apremio o tortura omitido, la fiscalía debe probar que los imputados estaban en conocimiento de que se cometió el delito por parte de un sujeto activo y teniendo la autoridad y estando en posición para hacerlo, no hicieron nada para cesar la aplicación de esos apremios y torturas.
La investigación se inició tras una querella del centro de memoria Londres 38, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, el activista Luis Mariano Rendón y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Tanto Rozas como Olate no pudieron completar sus períodos en la institución, fueron llamados a retiro y sólo siguió Yáñez tras ser nombrado por el Presidente Sebastián Piñera como general director. Tras conocerse la intención de la fiscalía de formalizarlo, se desató una crisis en el Gobierno por su permanencia, hasta que se impuso el criterio Tohá: Yáñez no podía llegar al tribunal como general director en funciones.
Al agotarse los plazos y las acciones judiciales, Yáñez renunció el viernes pasado como general director -fue el sucesor de Rozas- después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el último recurso para impedir su formalización. En la Corte Suprema está pendiente un recurso de amparo. Ayer entregó el mando al nuevo general director Marcelo Araya.
La noche de este lunes, la defensa de Yáñez solicitó al tribunal un acceso especial en automóvil al Centro de Justicia, debido a que están convocadas manifestaciones en su contra. El tribunal accedió a su petición por motivos de seguridad, por lo cual Yáñez no ingresará caminando al Centro de Justicia. Posteriormente, la misma medida se otorgó a los otros dos imputados.
PURANOTICIA
