Tras polémica: RN impulsa reforma para impedir rebaja de penas a condenados por delitos sexuales
La iniciativa impulsada por la diputada Ximena Ossandón busca establecer que los beneficios penitenciarios se rijan por la ley vigente al momento de otorgarlos, anulando las reducciones concedidas en los últimos seis meses.
Jueves 22 de octubre de 2026 14:20
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Tras conocer las rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores de edad, la bancada de diputados de Renovación Nacional presentó una reforma constitucional para establecer reglas claras sobre la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios en este ámbito.
La iniciativa, impulsada por la diputada Ximena Ossandón, surge en medio del debate por los 56 decretos de rebaja de condena dictados por el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre de 2026.
Para los parlamentarios RN, si bien estas decisiones responden a criterios establecidos previamente por la Corte Suprema, esta situación hace necesario avanzar en una modificación constitucional que entregue certeza jurídica y evite que los beneficios de reducción de condena en delitos sexuales queden sujetos a interpretaciones contradictorias.
La propuesta busca establecer expresamente en la Constitución que la procedencia de los beneficios de reducción de condena o de otras formas de término anticipado de penas privativas de libertad, tratándose de condenados por delitos sexuales, se determine conforme a la legislación vigente al momento de resolver su otorgamiento.
La reforma no busca modificar retroactivamente las penas impuestas por los tribunales, sino establecer qué legislación debe regir los beneficios penitenciarios posteriores a la condena. Sus fundamentos sostienen que, mientras un beneficio no haya sido concedido, existe una expectativa y no un derecho adquirido a obtenerlo.
ÚLTIMOS BENEFICIOS QUEDARÍAN SIN EFECTO
Asimismo, la iniciativa incorpora una disposición transitoria para que la nueva regla se aplique a las solicitudes y procedimientos pendientes de resolución, cualquiera sea la fecha en que se cometió el delito.
También establece que los beneficios concedidos por resolución administrativa a condenados por delitos sexuales durante los seis meses anteriores a la publicación de la reforma queden sin efecto de pleno derecho.
La bancada también plantea que las garantías del Estado de Derecho deben resguardarse, pero que estas no pueden confundirse con la existencia de un derecho automático a obtener reducciones de condena o mecanismos de egreso anticipado. El objetivo es establecer un criterio constitucional uniforme que impida que decisiones sobre beneficios penitenciarios terminen debilitando el cumplimiento efectivo de las penas.
Cabe señalar que la reforma constitucional impulsada por la diputada Ximena Ossandón cuenta con el respaldo de los diputados RN Carlos Chandía, Juan Carlos Beltrán, Francisco Orrego, Daniel Valenzuela, Eduardo Durán, Diego Schalper y Mauro González, además de la diputada Claudia Mora y el diputado Jorge Guzmán (EVO).
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