En un punto de prensa, la autoridad sostuvo que “el exministro está enfrentando múltiples acusaciones y temas que están en investigación. Él tendrá que definir la manera en que se defiende”.
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a la oposición a pronunciarse con la vinculación de Andrés Chadwick, exministro de Sebastián Piñera, con el abogado Luis Hermosilla, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado en el marco del denominado caso Audio.
En un punto de prensa, la autoridad sostuvo que “el exministro Chadwick está enfrentando múltiples acusaciones y temas que están en investigación. Él tendrá que definir la manera en que se defiende”.
“Lo importante es que las figuras que cumplen roles o que han cumplido roles importantes en el Estado, y particularmente en su caso como ministro del Interior, hay instituciones que tienen que responder por estas actuaciones”, dijo Tohá.
“Creo que lo que correspondería es que esas instituciones que estuvieron a cargo de ese gobierno (de Piñera), los partidos políticos que estuvieron a cargo de ese gobierno, dieran esas respuestas”, insistió la ministra.
“Chadwick probablemente va a estar más concentrado en defenderse, pero los partidos que fueron responsables de ese gobierno tienen que darle al país una respuesta de qué hay detrás de estos antecedentes y de cómo operaba en esa época, durante ese gobierno, y posteriormente sus exautoridades en estos temas que han estado en discusión en la agenda pública”, cerró la secretaria de Estado.
Andrés Chadwick, quien se desempeñó como vocero y ministro del Interior durante los gobiernos de Sebastián Piñera, ha sido vinculado a Hermosilla en el caso Audio, de acuerdo con nuevas revelaciones y por esto su condición de testigo podría variar.
Según La Tercera, el documento hace referencia a una publicación de dicho medio donde se da cuenta de una serie de conversaciones de Whatsapp entre el abogado (Hermosilla) y el controlador de la corredora de bolsa (Daniel Sauer) -ambos en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber por corrupción- ocurridas entre marzo y abril del 2023.
Ese periodo es justamente el tiempo en que la CMF había suspendido por 30 días las operaciones de STF por no cumplir con las exigencias legales y normativas sobre el envío de estados financieros auditados e indicadores de cobertura patrimonial. En ese caso tendría injerencia el otrora secretario de Estado.
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