El Tribunal Constitucional (TC) acogió por mayoría el requerimiento del Ejecutivo para impugnar una docena de glosas de la Ley de Presupuesto, entre ellas la que prohibía que el Estado financie las terapias para menores de edad transgénero.
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El Tribunal Constitucional (TC) acogió por mayoría el requerimiento del Ejecutivo para impugnar una docena de glosas de la Ley de Presupuesto.
Según informa La Tercera, en el escrito de 48 páginas -firmado por el Presidente Gabriel Boric; el ministro de Hacienda Mario Marcel; y el ministro Segpres, Álvaro Elizalde- el Ejecutivo buscaba derribar algunos aspectos controvertidos de la normativa.
Por ejemplo una exención de contribuciones para adultos mayores, la suspensión de la Ley Lafkenche, la glosa que prohíbe que alumnos sancionados por Aula Segura opten a la gratuidad universitaria o que el Estado financie las terapias para menores de edad transgénero.
Con el fallo, el Ejecutivo tuvo un final feliz en una tramitación del requerimiento que no estuvo exenta de trabas. El pasado 19 de diciembre de 2024 se conoció que, tras una serie de errores del gobierno en la presentación, el TC admitió a trámite el requerimiento en votación dividida.
Esto, ya que, semanas atrás, cuando el TC analizaba la admisión a trámite, los ministros se dieron cuenta que faltaban siete documentos en los papeles presentados por el Ejecutivo y, por lo mismo, dio un plazo extra de tres días para corregir el error.
La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) respondió y adjuntó la documentación requerida, pero se le quedó fuera un documento. Se trataba de la Ley de Presupuesto, tal como había sido despachada del Congreso.
Así, se generaron dudas sobre qué iba a decidir el TC, sobre todo cuando el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del mismo tribunal establece que si no se cumple con el apercibimiento, “el requerimiento se tendrá por no presentado para todos los efectos legales”.
Finalmente el pleno del TC lo admitió por una votación 6-4. La decisión fue parcial ya que hubo algunas glosas que se cayeron -como una que estaba vinculada a la Ley Aula Segura- ya que durante su tramitación legislativa no hubo reserva de constitucionalidad ni discusión en el Congreso.
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