La resolución, adoptada este 11 de noviembre, acoge a tramitación el requerimiento y dispone ponerlo en conocimiento del Presidente de la República y de la Contralora General de la República.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por la diputada Ana María Gazmuri, junto a parlamentarios, alcaldes y el gobernador Claudio Orrego, contra el Decreto Supremo N.º 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
La parlamentaria, impulsora del requerimiento, valoró la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar admisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por más de una cuarta parte de los integrantes en ejercicio de la Cámara de Diputados contra diversas disposiciones del Decreto Supremo N° 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
La resolución, adoptada este 11 de noviembre, acoge a tramitación el requerimiento y dispone ponerlo en conocimiento del Presidente de la República y de la Contralora General de la República, quienes tendrán un plazo de diez días para presentar sus observaciones y antecedentes.
Esta acción fue precedida por un trabajo de análisis y articulación con distintos actores vinculados al desarrollo urbano. El equipo de la diputada sostuvo conversaciones y recogió antecedentes de arquitectos, urbanistas, académicos y pobladores, además de desarrollar un trabajo de coordinación con el municipio de Estación Central, territorio que se ha convertido en un caso emblemático de las consecuencias de una planificación urbana insuficiente.
Este trabajo permitió recoger las preocupaciones de quienes viven cotidianamente los efectos de decisiones urbanísticas y construir una mirada que pone en el centro la planificación, las competencias municipales y el derecho de las comunidades a habitar barrios dignos. Al respecto, Gazmuri señaló:
“La declaración de admisibilidad de este requerimiento es un paso importante. No anticipa una decisión sobre el fondo, pero permite avanzar en el examen de una controversia constitucional con consecuencias concretas para nuestras ciudades: si el Ejecutivo, mediante un decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ha excedido sus atribuciones y afectado las competencias municipales en materia de planificación urbana”, indicó.
La congresista destacó que esta preocupación ha reunido a parlamentarios, alcaldes, urbanistas, arquitectos, académicos y al gobernador Claudio Orrego, en torno a una convicción común: la necesidad de construir viviendas no puede separarse del derecho a vivir en barrios dignos.
PURANOTICIA