La medida afecta a tres funcionarios del Octavo Juzgado de Garantía, incluyendo a la magistrada, Irene Rodríguez que presidió la audiencia de liberación.
visitas
La investigación por la polémica liberación de Alberto Mejía, presunto sicario del “Rey de Meiggs”, ha desatado una tormenta judicial que sigue escalando. A casi un mes del controvertido fallo, ya son tres los funcionarios del Poder Judicial sumariados, mientras que la fiscalía ha ampliado su foco de indagatoria para incluir a siete funcionarios de Gendarmería.
La segunda suspensión de un funcionario del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se concretó la semana pasada. Esta medida eleva a tres el número de involucrados separados de sus labores en el sumario administrativo, iniciado el 15 de julio por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, Clara Carrasco. Entre los suspendidos se encuentra la jueza Irene Rodríguez, quien presidió la audiencia donde Mejía fue formalizado y, junto a otros dos imputados, dejado en libertad el pasado 9 de julio.
En paralelo, la investigación penal liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente ha cobrado un nuevo giro. La tesis de un “error administrativo” ha comenzado a perder fuerza, ya que los antecedentes apuntan ahora a una cadena de decisiones deliberadas que habrían facilitado la excarcelación del presunto sicario.
Además del personal del tribunal, la fiscalía ha puesto su atención en siete funcionarios de Gendarmería, quienes habrían estado implicados en el proceso. Este nuevo desarrollo pone en jaque a distintos estamentos del sistema judicial y refuerza la gravedad del caso.
PURANOTICIA
