Senador Arturo Squella presenta proyecto para ampliar la legítima defensa ante portonazos

Ampliar la protección legal para quienes sean víctimas de portonazos o encerronas es el objetivo del proyecto de ley presentado por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. La iniciativa busca modificar el Código Penal para fortalecer la legítima defensa privilegiada de quienes intenten escapar o repeler este tipo de delitos.

La propuesta surge luego del asesinato de un niño de 12 años que fue arrastrado por varios kilómetros durante una encerrona en San Bernardo, hecho que reabrió el debate sobre las herramientas legales disponibles para enfrentar la delincuencia y proteger a las víctimas.

En concreto, el proyecto establece una presunción de que la víctima actuó de manera racional al intentar defenderse o huir del robo, incluso si esa acción provoca lesiones o la muerte del agresor. De esta forma, se busca modificar uno de los requisitos que actualmente exige la legislación para acreditar la legítima defensa.

Al presentar la iniciativa, Squella afirmó que el propósito es corregir lo que considera un desequilibrio en el tratamiento que el sistema penal entrega a víctimas y delincuentes.

“Con este proyecto lo que buscamos es terminar con una situación injusta, que en parte grafica cómo nuestro sistema penal descuida la prioridad que debe tener siempre en las víctimas y no en los delincuentes, como ha ocurrido durante los últimos años”, sostuvo.

El senador explicó que la propuesta busca modificar la forma en que se evalúa la legítima defensa en este tipo de delitos, facilitando la protección jurídica de quienes reaccionan frente a un robo violento.

“En simple, lo que proponemos es invertir la carga de la prueba en uno de los requisitos para que proceda a la legítima defensa. Esto es en la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión. Y, a su vez, si se quisiera avanzar en una investigación en contra del conductor o de quienes van adentro del vehículo, se debe fundamentar la procedencia de la acción penal con antecedentes que permitan desvirtuar la presunción que pretendemos se instale en la ley después de aprobado este proyecto”, señaló.

La iniciativa propone que, en estos casos, sea el Ministerio Público el que deba acreditar la inexistencia de la legítima defensa cuando existan antecedentes suficientes para ello, en lugar de que sea la víctima quien deba demostrar que actuó racionalmente al enfrentar el ataque.

Con este cambio, el proyecto busca otorgar mayores garantías jurídicas a quienes sean víctimas de robos violentos de vehículos y actúen para proteger su vida o la de sus acompañantes frente a una agresión.

PURANOTICIA