Tras tres jornadas de formalización, el tribunal resolverá la solicitud de prisión preventiva por fraude al fisco y tráfico de influencias, en una causa que investiga el presunto desvío de $104 millones mediante boletas falsas.
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A partir de las 12 horas de este viernes, se espera que se definan las medidas cautelares en contra de Joaquín Lavín León. El exdiputado enfrenta cargos por uso y falsificación de instrumento privado mercantil, tráfico de influencias y fraude al fisco, en una resolución que quedará en manos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La solicitud de prisión preventiva para el exparlamentario fue ingresada el martes por la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el marco de una audiencia de formalización que arrancó el lunes pasado. Tras dicha petición, fue el turno de las intervenciones tanto de la parte querellante —representada por la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado— como de la defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el ente persecutor, el daño a las arcas públicas ascendería a $104 millones, generados entre los años 2015 y 2024. Este perjuicio fiscal se habría concretado luego de que el imputado entregara al Servicio Electoral (Servel) y al Congreso aproximadamente 200 boletas ideológicamente falsas, utilizando un mecanismo de reembolsos vinculados a supuestos servicios prestados por las firmas Modo 74 SPA e Imprenta MMG.
Fue precisamente al alero de esta última sociedad donde el exlegislador, en conjunto con Felipe Vázquez —su exasesor y actual coimputado—, dieron vida a la iniciativa denominada “SocialTazk”. Dicho proyecto estaba destinado a despachar mensajes de texto de forma masiva a más de 70 candidatos de la UDI, además de almacenar bases de datos.
El Ministerio Público sostiene que la meta de esta operación era conseguir "en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional, quienes proporcionaban información privada de millones de personas que obtenían en el desempeño de sus labores públicas".
Frente a estas acusaciones, la defensa desestimó los argumentos del ente persecutor. En su intervención, el abogado Bonacic cuestionó duramente "la falta de fundamento de la pretensión del Ministerio Público, la cual descansa en una selección arbitraria de elementos que obran en la carpeta de investigativa, omitiendo otros que dan cuenta precisamente lo contrario".
Cabe recordar que las indagatorias que actualmente complican al excongresista se desprenden de la investigación principal que involucra a Cathy Barriga, su esposa y exalcaldesa de Maipú. La exjefa comunal enfrenta actualmente un proceso de formalización por un supuesto fraude al fisco, cuyo monto bordearía los 33 mil millones de pesos.
PURANOTICIA
