“El propósito es dotar de mayor información a las familias para que puedan adoptar las mejores decisiones en el consumo en alimentos, artículos de aseo e higiene, y otros insumos para el hogar", sostuvo la senadora por la región de Valparaíso.
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La senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, con el apoyo de los miembros de la Comisión de Economía como los senadores Gastón Saavedra (PS), Gustavo Sanhueza (UDI) y la senadora Loreto Carvajal (PPD), presentó tres proyectos de ley que fortalecen los derechos de los consumidores.
“El propósito es dotar de mayor información a las familias para que puedan adoptar las mejores decisiones en el consumo en alimentos, artículos de aseo e higiene, y otros insumos para el hogar, especialmente cuando los establecimientos realicen la práctica denominada ‘Reduflación’, consistentes en supuestas promociones, ofertas o mantenciones de precios, pero que en realidad consisten en disminuciones de tamaño, volumen o peso que habitualmente tienen los productos”, señaló la parlamentaria. Asimismo, establece deberes de información cuando estos estén prontos a vencer y para que puedan ser comparados en unidades de medidas con otros productos.
“A más de alguien le puede haber sucedido que ante una oferta de precio atractiva, por ejemplo, de leches, decide comprar más cantidades para guardar y con ello finalmente ahorrar, pero luego se da cuenta que la una parte de ellas no podrá consumirlas porque vencerán, perdiendo el dinero y los productos”, destacó la parlamentaria socialista.
“Asimismo, en ocasiones algunos supermercados ofrecen productos en oferta que en realidad son dosificaciones menores a las habituales, produciéndose en algunas oportunidades de manera imperceptible. A modo de ejemplo, hace algún tiempo se compraban cloro, jabón, o detergente en dosificaciones de un litro, pero luego pasaron a 900 y después a 800 mililitros, e incluso menos. En muchos casos es una reducción gradual y muchas veces imperceptible. Creemos que cuando esta situación de produzca, debe ser advertido a los consumidores”, reiteró la senadora Allende.
En esa línea, Isabel Allende, planteó que “finalmente, también se eleva a rango legal y amplía el objeto de una regulación administrativa que obliga a los supermercados, el deber de informar precio por unidades de medidas para poder compararlos con otros de similar naturaleza. Típicamente esto sucede en los pañales, tollas novas, papeles higiénicos, detergentes o cualquier otro producto divisible, respecto de los cuales el comercio ofrece distintas cantidades y es muy difícil comparar precios si no existe una unidad de medida comprable, como precio por litro o metro”.
Además, la senadora Allende indicó que “hemos presentado otro proyecto que recoge las mejores prácticas comerciales respecto de compras por internet, disponiendo que el consumidor siempre tenga el derecho a retirar en tienda los productos sin costo alguno, y establece una medida de compensación cuando el producto no llega en los plazos acordados. Este nuevo derecho permitirá elevará el estándar en las empresas y esperamos que pueda estar en vigencia para esta navidad, ya que muchas empresas se comprometen a la entrega en breve tiempo o antes de determinada fecha, pero lamentablemente no cumplen, generando frustración y problemas, especialmente durante algunas festividades”.
Por último, la senadora Allende también presentó un proyecto para establecer el derecho de retracto también en las compras presenciales, dado que actualmente sólo se regulan en compras a distancia y otras hipótesis específicas. “Actualmente, si por ejemplo compras un producto por internet, puedes devolverlo en tienda sin expresión de causa, pero si haces la misma compra de manera presencial no es posible”.
En este mismo sentido, también, la parlamentaria planteó que “se propone ampliar el plazo para ejercer este derecho de 10 a 14 días, como existe en otros países. Y establece igualmente excepciones para su ejercicio, como tener que estar en buen estado y sin uso, o cuando por su naturaleza no sea posible. Y establece un tratamiento especial para las pequeñas y micros empresas, de forma que no signifique un perjuicio para ellas”.
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