El nuevo presidente de la instancia buscará acelerar la agenda de seguridad y tramitará una iniciativa para impedir beneficios a condenados por delitos sexuales.
La agenda de seguridad del Gobierno enfrentará un nuevo escenario en el Senado tras la llegada de Vlado Mirosevic a la presidencia de la Comisión de Constitución. El parlamentario del Partido Liberal adelantó que buscará acelerar la tramitación de proyectos relacionados con la delincuencia y el crimen organizado, aunque dejó en claro que no respaldará automáticamente los acuerdos alcanzados antes de asumir el cargo.
En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el senador abordó su designación en reemplazo de Pedro Araya (PPD), decisión adoptada por el comité del Socialismo Democrático luego de las diferencias surgidas respecto de la relación del anterior presidente de la instancia con el Ejecutivo.
Mirosevic defendió la legitimidad del cambio y sostuvo que los integrantes de una comisión deben representar las posiciones del sector político al que pertenecen.
“Si en un determinado momento, un miembro de nuestro comité, que está en una comisión, deja de representar al comité, es legítimo, y esto siempre ha sucedido, que haya cambios”, sostuvo.
El legislador descartó que su llegada tenga como objetivo frenar los proyectos impulsados por la administración del Presidente José Antonio Kast. Por el contrario, aseguró que pretende participar activamente en la discusión legislativa, incorporando propuestas propias de la oposición.
“Yo no vengo a dinamitar la agenda de seguridad, eso es lo primero. Es más, lo que yo vengo a hacer es poner la voz de la oposición en materia de seguridad”, afirmó.
En ese contexto, marcó una diferencia respecto de las negociaciones desarrolladas anteriormente en la comisión y cuestionó que determinados entendimientos se hayan construido sin una participación más amplia de los sectores opositores.
“Yo tengo disposición de diálogo, con una diferencia: yo no vengo aquí a acuerdos individuales”.
Entre las iniciativas que pretende impulsar mencionó un proyecto destinado a sancionar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones criminales, propuesta que, según explicó, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
También expresó reparos frente al acuerdo para modificar el estado de excepción constitucional de emergencia, particularmente por las atribuciones preventivas que podrían entregarse al Ejecutivo para enfrentar eventuales situaciones de violencia.
“Yo no tengo por qué suscribir un acuerdo en el cual no participé y el cual, como estoy diciendo, tengo serias dudas”, sostuvo.
El senador indicó que, bajo las condiciones actuales, no está en posición de respaldar esa iniciativa, aunque manifestó disposición a revisar sus contenidos durante la discusión parlamentaria.
Asimismo, cuestionó el ritmo con que el Ejecutivo ha impulsado sus proyectos en esta materia.
“el gobierno hasta ahora ha andado bastante lento en seguridad”, afirmó, agregando que “yo voy a avanzar más rápido que el gobierno en materia de seguridad”.
Pese a las diferencias políticas que motivaron su designación, Mirosevic descartó que el cambio en la presidencia de la comisión deba poner en riesgo el acuerdo administrativo que regula el funcionamiento del Senado.
A su juicio, se trata de una decisión interna de la oposición que no debería alterar los compromisos de gobernabilidad de la corporación.
Uno de los primeros asuntos que abordará la Comisión de Constitución bajo su presidencia será la controversia por los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales.
Mirosevic anunció que este martes 27 de octubre, a las 16:30 horas, la instancia comenzará a discutir un proyecto de ley destinado a impedir que condenados por determinados delitos sexuales puedan acceder a rebajas de sus penas.
Según explicó, la iniciativa cuenta con respaldo transversal de parlamentarios, entre ellos la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y los senadores Paulina Vodanovic, María José Gatica e Iván Flores.
El legislador señaló que también se buscará incorporar otras propuestas relacionadas con la materia, con el propósito de avanzar hacia una solución legislativa que permita resolver las dudas surgidas en torno a la aplicación de las restricciones aprobadas en 2022.
“El día martes nosotros vamos a poner en discusión en la Comisión de Constitución un proyecto que resuelve este tema y lo zanja definitivamente”, anunció.
El senador cuestionó la interpretación jurídica que ha permitido conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos antes de la entrada en vigencia de la reforma de 2022.
A su juicio, el propósito de aquella modificación legal era impedir el acceso a estos beneficios, independientemente de la fecha en que se hubieran cometido los delitos.
En ese contexto, dirigió críticas al Ejecutivo por la controversia que ha involucrado al Ministerio de Justicia.
“aquí el gobierno prometió ser Bukele y termina dejando en libertad a los violadores de menores. Esto es realmente inexplicable y muy doloroso”.
Las declaraciones se producen después de que la cartera encabezada por Fernando Rabat anunciara la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena, en medio de cuestionamientos por la interpretación de las normas aplicables a personas condenadas antes de 2022.
Durante la entrevista, Mirosevic también fue consultado por las responsabilidades políticas del ministro de Justicia y la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en su contra.
El senador planteó que, antes de avanzar hacia ese mecanismo, corresponde solicitar explicaciones formales al secretario de Estado mediante una interpelación parlamentaria.
“Yo creo que lo más prudente es una interpelación y después de la interpelación ver qué pasa”, señaló.
En esa línea, sostuvo que la continuidad de Rabat en el gabinete es una decisión que corresponde al Presidente Kast, diferenciando esa atribución de las herramientas de fiscalización que puede ejercer el Congreso.
Con estas definiciones, Mirosevic inicia su presidencia de la Comisión de Constitución en medio de dos discusiones relevantes para la agenda legislativa: las reformas de seguridad impulsadas por el Gobierno y los cambios legales destinados a restringir beneficios penitenciarios para responsables de delitos sexuales.
El parlamentario aseguró que mantendrá una disposición al diálogo, pero insistió en que los acuerdos deberán incorporar las posiciones de la oposición y no limitarse a los entendimientos alcanzados antes de su llegada a la instancia.
PURANOTICIA