El parlamentario criticó el proyecto Ley de Notarios, diciendo que la iniciativa “no resuelve en forma adecuada” la problemática de nombramientos.
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El senador e integrante de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, comentó sobre la tramitación del proyecto de Ley de Notarios.
En conversación con CNN Chile Radio, el legislador sostuvo que “lo que ocurre es que el sistema de nombramiento de notarios está absolutamente agotado. Es un sistema que hoy día efectivamente no entrega una mayor transparencia y donde, efectivamente, se produce una serie de conflictos de interés que son difíciles de dilucidar”.
En ese sentido, manifestó que la iniciativa “no lo resuelve en forma adecuada, porque todos sabemos que tenemos un problema con el sistema de la Alta Dirección Pública”.
El parlamentario planteó que “a mí me convencía más (…) la propuesta que en su minuto hizo la presidenta Bachelet y que fue reforzada por el expresidente Piñera, que era crear una comisión independiente donde se generara un grupo de personas para llevar adelante todo el proceso de nombramiento de conservadores y notarios”.
Araya además aseveró que “no hablaría de que hay lobby tan poderoso de los notarios. Aquí hay concepciones distintas de cómo abordar el tratamiento de la fe pública”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que durante la tramitación de este proyecto "se retiró la extensión de la inhabilidad para esas relaciones de parentesco, el Ejecutivo sin embargo tiene argumentos para sostener toda la indicación, sin perjuicio de que nosotros entendemos de que la comisión de Constitución es soberana para aprobar o rechazar las indicaciones".
"Es una indicación respecto de la cual el Ejecutivo va a insistir en Sala, es su decisión, producto del debate que se ha provocado estos días de cambio de comisión, donde ha aparecido esto", acotó.
Al ser consultado sobre esta indicación, expresó que “yo no tengo problema con que discutamos la totalidad de las inhabilidades, votar a favor la indicación, ver de qué forma está planteada. Yo creo que efectivamente hay que buscar un límite respecto de que ocurre con familiares de autoridades públicas que por solo el hecho de ser familiares no puedan acceder a un trabajo”.
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