Iniciativa regula los funerales en que existan circunstancias que permitan presumir fundadamente que su realización representa un riesgo para la seguridad y el orden público.
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La Sala del Senado aprobó por mayoría los cambios que hizo la Comisión de Seguridad Pública al proyecto de ley que establece un plazo máximo de 24 horas para la realización de los funerales de alto riesgo. El texto pasó a la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa forma parte de la agenda priorizada en materia de seguridad y tiene como objetivo regular la realización de funerales en que existan circunstancias que permitan presumir fundadamente que su realización representa un riesgo para la seguridad y el orden público.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Iván Flores, explicó los cambios que se hicieron al proyecto tras escuchar a los representantes de Carabineros, PDI, Gendarmería y expertos.
En tal sentido, indicó que el grado de riesgo del funeral lo establecen las policías y Gendarmería, cuando evalúan los antecedentes y características del fallecido y emiten un informe que se entrega al delegado o delegada presidencial, quien emite la resolución respectiva en base a esos antecedentes.
Asimismo, precisó que se establece que se aplique el máximo de la penalización existente cuando se incumplan normas, en el contexto de estos funerales, como el uso de armas, uso de fuegos artificiales, consumo de alcohol y drogas, entre otros.
También hizo uso de la palabra la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien indicó que esta iniciativa no implica que el Estado se "rinda" ante la delincuencia, sino que por el contrario, es dar una respuesta a un problema específico que apunta a no distraer fuerzas policiales de manera excesiva.
Por su parte, la mayoría de los senadores valoraron la medida, argumentando que forma parte de una estrategia amplia para enfrentar los problemas de orden público y es una respuesta concreta y un esfuerzo para contrarrestar los efectos de la narco cultura.
En tal sentido, recordaron que entre mayo de 2019 y noviembre del año pasado se registraron más de 1.800 funerales de riesgo, con una serie de complejidades y conflictos para la comunidad, lo que implicó cierre de colegios, centros de atención médica y un amplio despliegue de efectivos policiales.
Si bien, para la mayoría de los legisladores esta iniciativa se hace cargo de un problema complejo, para otros, el proyecto resuelve un síntoma, pero no apunta a las causas de fondo. Además, se indicó que legislar sobre estos funerales es "rendirse" ante el crimen organizado y el narcotráfico.
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