En primera instancia, la sala despachó por 38 votos a favor y 5 abstenciones, todas las normas unánimes que no fueron objeto de indicaciones ni votaciones separadas.
El Senado aprobó en particular el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, separando sus funciones del actual Ministerio del Interior. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados a su segundo trámite legislativo.
En primera instancia, la sala despachó por 38 votos a favor y 5 abstenciones, todas las normas unánimes que no fueron objeto de indicaciones ni votaciones separadas.
Posteriormente, la sala se pronunció sobre las solicitudes de votación separada, las normas con votación dividida, así como la norma transitoria, las que también se aprobaron por mayoría.
En su intervención, la titular del Interior, Carolina Tohá, indicó que este ministerio debiera actuar como ente rector y articulador. También dio cuenta que dentro de la nueva estructura se generó también una figura comisionado o comisionada de seguridad en cada región.
En tanto, el senador Felipe Kast, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, entregó un detallado informe sobre el texto que apunta a entregar al nuevo Ministerio de Seguridad, las funciones de seguridad y orden público, dejando a la cartera del Interior las competencias del gobierno interior.
Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, expuso sobre el trámite en la instancia especializada y precisó que" no introdujo enmiendas y despachó las normas de su competencia". Asimismo, precisó que el costo fiscal en régimen de esta iniciativa será de $5.576 millones.
En el debate, la mayoría de los legisladores valoró la iniciativa que forma parte de la agenda de seguridad, la cual prioriza el trámite y despacho de los proyectos que permitirán combatir el crimen organizado y la delincuencia.
Además, señalaron su esperanza de que “éste sea un primer paso para avanzar en un ministerio que concentre todas las agencias, tales como, ANI, Ciberseguridad y otras, con el fin de permitir una mejor interoperatibilidad y gobernanza digital”.
Asimismo, los parlamentarios afirmaron que “si bien ésta no es una solución mágica sí es una ayuda importante", haciendo énfasis en la necesidad de que vaya acompañada de "una buena gestión, seria y responsable, buscando siempre el profesionalismo”.
Finalmente, junto con apoyar esta "nueva institucionalidad que constituye un hito, tras largos años de discusión", manifestaron su esperanza de que las regiones también cuenten con "una estructura potente que facilite la acción" y que no existan eventuales colisiones de funciones de los futuros comisionados y comisionadas con los delegados y gobernadores en las regiones. En la misma línea, hicieron énfasis en la necesidad de dar protección jurídica suficiente para garantizar la correcta gestión de las nuevas autoridades.
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