Rubilar exige disculpas a Rabat por rebaja de penas a condenados por abusos

El impacto que las rebajas de condenas pueden tener sobre las víctimas y sus familias se instaló en el centro de los cuestionamientos de la exministra Karla Rubilar al Gobierno de José Antonio Kast. La exsecretaria de Estado exigió una respuesta pública del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y pidió al Mandatario pronunciarse directamente sobre una controversia que ha generado críticas incluso desde sectores del oficialismo.

La polémica surgió luego de conocerse que el Ministerio de Justicia autorizó administrativamente reducciones de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, decisión que el titular de la cartera ha defendido argumentando criterios jurídicos y pronunciamientos de la Corte Suprema.

Para Rubilar, sin embargo, la explicación entregada por el Ejecutivo resulta insuficiente frente a la gravedad de los delitos involucrados y las consecuencias que estas resoluciones pueden provocar en quienes atravesaron extensos procesos judiciales para obtener justicia.

“Yo creo que el ministro Rabat al menos debe pedir disculpas públicas”, afirmó la exautoridad.

La exministra insistió en que la discusión no debe limitarse a la interpretación de las normas, sino considerar también la incertidumbre que enfrentan las familias al desconocer si las personas condenadas por estos delitos podrían recuperar su libertad.

“Hay un dolor desgarrador hoy día, hay una incertidumbre, no saben si el victimario de sus niños y niñas está libre, no saben si pueden volver a cometer este delito o dañar a otra persona”, expresó.

CUESTIONAMIENTOS A LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Durante sus declaraciones, Rubilar calificó las rebajas administrativas como “una muy mala decisión” y un “error gravísimo”, planteando que el Gobierno debió mantener una postura más restrictiva frente a las solicitudes presentadas por condenados por delitos de especial gravedad.

La exsecretaria de Estado también cuestionó que el Ministerio de Justicia resolviera administrativamente estas solicitudes, en lugar de permitir que fueran los tribunales los encargados de pronunciarse sobre cada caso.

En esa línea, extendió sus reparos a los beneficios concedidos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, sosteniendo que las decisiones deben ser evaluadas individualmente por el Poder Judicial.

Sus declaraciones se producen después de que el Ejecutivo anunciara la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas y comprometiera modificaciones legales para restringir el acceso a estos beneficios.

Aunque valoró el cambio de criterio, Rubilar consideró que la medida debe ir acompañada de un reconocimiento público de lo ocurrido y de explicaciones dirigidas a las familias afectadas.

“Cuando uno comete un error, lo mejor es salir a reconocerlo tempranamente”, sostuvo la exministra.

A su juicio, asumir responsabilidades permitiría comenzar a recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar que la protección de las víctimas constituye una prioridad en las decisiones del Estado.

LLAMADO A KAST A PRONUNCIARSE SOBRE LA CONTROVERSIA

Los cuestionamientos de Rubilar también estuvieron dirigidos al presidente José Antonio Kast, a quien solicitó aclarar públicamente su conocimiento sobre las rebajas de condenas autorizadas por el Ministerio de Justicia.

El emplazamiento surge luego de que Rabat afirmara que el Mandatario no estaba informado de las resoluciones, debido a que estas corresponden a atribuciones ejercidas directamente por el titular de la cartera.

Frente a esa explicación, la exministra sostuvo que el jefe de Estado debería confirmar personalmente que desconocía las decisiones y manifestar cuál habría sido su posición en caso de haber estado al tanto.

“Creo que es indispensable para la ciudadanía hoy día escuchar del Presidente de la República (...) que él no sabía y que, si él hubiese sabido, jamás, jamás esto habría pasado”, afirmó.

Rubilar también planteó que el Ejecutivo debe comprometerse a impulsar con urgencia los cambios legislativos necesarios para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y otras conductas de especial gravedad accedan a beneficios similares mediante procedimientos administrativos.

La exautoridad consideró que un pronunciamiento presidencial podría contribuir a entregar mayor tranquilidad a las familias, especialmente ante la incertidumbre sobre la situación penitenciaria de quienes recibieron las rebajas.

Por su parte, el ministro Rabat ha sostenido que las decisiones adoptadas se fundamentaron en interpretaciones legales y jurisprudencia de la Corte Suprema, aunque el Gobierno anunció posteriormente la suspensión de nuevas tramitaciones mientras se trabaja en una solución legislativa.

PURANOTICIA