RN solicita comisión investigadora para esclarecer eventual persecución penal arbitraria contra agentes del Estado tras el estallido social

La bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó constituir una comisión investigadora para esclarecer eventuales arbitrariedades, irregularidades, deficiencias de control y uso injustificado de recursos públicos en las acciones judiciales contra agentes estatales por hechos asociados al estallido social iniciado en octubre de 2019.

La iniciativa se fundamenta en un informe elaborado por la propia bancada a partir de antecedentes oficiales de la Fiscalía Nacional. El documento analiza 10.142 causas por violencia institucional relacionadas con hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

De acuerdo al estudio de la bancada, al momento de la extracción de los datos, el 95,71% de las investigaciones se encontraban terminadas, pero solamente 190 causas habían sido formalizadas, equivalentes al 1,87% del total. Asimismo, se registraban 70 sentencias condenatorias, cifra que representa un 0,69% del universo analizado.

Desde la bancada RN señalaron que estos resultados muestran una brecha difícil de justificar entre el número de investigaciones iniciadas y los resultados penales obtenidos.

“Cuando el Estado abre más de diez mil causas, formaliza menos del 2% y obtiene un porcentaje máximo de condenas de solo 0,69%, ya no estamos simplemente ante resultados judiciales pobres. Estamos ante antecedentes que obligan a investigar si hubo una persecución penal desproporcionada, carente de filtros suficientes y sostenida con recursos de todos los chilenos”, afirmó el jefe de bancada, Diego Schalper.

La solicitud comprende la actuación del Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública, del Consejo de Defensa del Estado, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

Desde RN esperan que la comisión revise los protocolos, criterios jurídicos, procedimientos administrativos y mecanismos de aprobación utilizados para presentar, ampliar o mantener acciones judiciales contra agentes estatales.

Asimismo, apuntaron al INDH. De acuerdo con el informe, dicho organismo intervino en 2.809 causas, equivalentes al 27,70% del universo general. De ellas, 2.452 estaban terminadas y se registraban 61 condenas, de manera que el porcentaje máximo de causas con condena alcanzaba el 2,17%.

El diputado Francisco Orrego sostuvo que “los antecedentes parecen indicar que acá se atropelló la presunción de inocencia, el debido proceso o la dignidad de los propios agentes del Estado. Los organismos públicos que ejercen acciones penales deben responder por la rigurosidad de sus decisiones y por los recursos fiscales utilizados".

"Finalmente, el uso indiscriminado e ideologizado de la persecución penal por parte del Estado termina siendo una violación de los Derechos Humanos, muy lejana al mandato de defensa de los mismos del INDH", indicó.

La bancada busca que la comisión determine cuánto dinero público fue destinado a estas acciones, incluyendo remuneraciones de equipos jurídicos, asesorías, peritajes, traslados y costas procesales, junto con recabar antecedentes sobre suspensiones, destinaciones, postergaciones de ascensos, desvinculaciones, gastos de defensa y demás perjuicios sufridos por los funcionarios investigados.

El subjefe de bancada, Eduardo Durán, aclaró que “la instancia no tendrá por objeto revisar sentencias judiciales, intervenir en investigaciones vigentes, sustituir al Ministerio Público o desconocer los derechos de las víctimas. Su finalidad será establecer si los organismos públicos querellantes actuaron con objetividad, prudencia, proporcionalidad y suficiente fundamentación jurídica, y si existieron actuaciones negligentes, irregulares o arbitrarias”.

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