Iniciativa modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la individualización y registro de datos de quienes usen servicios de telefonía en modo prepago.
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La Sala de la Cámara de Diputados remitió a comisión mixta el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la individualización y registro de datos de quienes usen servicios de telefonía en la modalidad de prepago.
La iniciativa presentada por la diputada Ximena Ossandón (RN), y modificada en el Senado, se aprobó por amplia mayoría, con la excepción del numeral uno que solo obtuvo 30 votos a favor, 79 en contra y 22 abstenciones. Por ello, el texto deberá ahora ser revisado por una Comisión mixta de diputados y senadores.
La norma rechazada planteaba la obligación de las concesionarias de servicio público telefónico y de transmisión de datos, para la provisión de dichos servicios, mantener un
registro actualizado -almacenado por un plazo de cinco años- de la identificación de sus suscriptores o usuarios.
Entre los datos considerados está el nombre completo, domicilio y cédula de identidad o pasaporte. Además, la identidad del equipo móvil (IMEI), del abonado móvil (IMSI) y la estación móvil de la red digital de servicios integrados (Msisdn).
Entre las normas sí aprobadas, está que las empresas deben financiar un sistema de bloqueo de dispositivos robados, hurtados y extraviados.
El proyecto también tipifica como delito la adulteración del IMEI de los equipos, con una sanción de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y una multa de 11 a 15 UTM ($724.000 a $988.500).
En el debate, los diputados que intervinieron a favor del proyecto destacaron que es un aporte importante para combatir la criminalidad. Especificaron que en esta tarea muchas veces no se atiende a aspectos menores como el empleo de prepago para la comisión de delitos, ya que estos no dejan rastros.
No obstante, durante su discusión, el diputado Francisco Undurraga (Evopoli) anunció la solicitud de votación separada de algunas disposiciones y llamó a rechazarlas, para posibilitar una comisión mixta; esto, para poder subsanar, a través de este proyecto, la ausencia en la Ley general de Telecomunicaciones, a partir de la ley 21.172 “chao cables”, de la atribución para que las municipalidades puedan sacar los cables en desuso, con cargo a las empresas operadoras.
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