El abogado y presidente del CDE, Daniel Martorell, también comentó sobre la apertura del contenido del teléfono del abogado Luis Hermosilla y explicó que "lo que el CDE y los intervinientes tienen derecho de acceder a las conversaciones que tenga un trasfondo jurídico-penal".
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El abogado y presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell, se refirió al denominado caso Audio.
En conversación con radio Infinita, Martorell explicó que el CDE “en el ámbito penal participamos en todas las causas que generen investigación criminal en que exista un funcionario público involucrado en la comisión de un delito, o que, aunque no exista un funcionario público generan perjuicio fiscal”.
En cuanto al Caso Audio, el presidente del CDE afirmó que “respecto del perjuicio fiscal, se asume que ese perjuicio, hasta la fecha, está vinculado al perjuicio tributario, y por lo tanto, en ese ámbito del delito tributario está el Servicio de Impuestos Interno”.
“Nosotros estamos por la vía de la comisión del delito de cohecho de los dos funcionarios públicos que fueron formalizados, uno del Servicio de Impuestos Interno y el otro de la Tesorería General de la República y los sobornos de los particulares vinculados con esos cohechos”, añadió.
Asimismo, indicó que “no es un caso acotado” y que “hay que hacer una investigación donde se tienen que desarrollar múltiples diligencias”, dado que el contenido “emana del famoso teléfono, y eso va pasando por una labor de fiscalización del contenido que está haciendo el Ministerio Público, y pueden salir otras aristas que involucren otros procedimientos penales”.
Al ser consultado sobre la apertura del contenido del teléfono del abogado Luis Hermosilla, Martorell sostuvo que “entendiendo que son un número elevado de conversaciones (…) tiendo a pensar que hay que ir aplicando determinados principios, por ejemplo, entender que debe aplicarse un principio de reserva respecto de ciertas conversaciones que está dentro del ámbito de su privacidad y que al CDE no le interesa conocer”.
“Lo que el CDE y los intervinientes tienen derecho de acceder a las conversaciones que tenga un trasfondo jurídico-penal”, acotó, agregando que “yo creo que el cedazo lo tiene que hacer el Ministerio Público, pero con un cedazo donde tenemos que buscar una fórmula judicial que es un tema que un juez de garantía debería resolver”.
Sobre si desde el CDE solicitarán acceso al contenido de los chats de Hermosilla, Martorell manifestó que como “intervinientes nosotros sí tenemos derecho a hacer una solicitud, la decisión no la tenemos tomada (…) no se descarta, es un tema que tenemos en estudio”.
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