El diputado Guillermo Ramírez, destacó la rápida negociación del Gobierno con los transportistas. Además, descartó que existan méritos constitucionales para destituir al titular de Justicia.
El respaldo a las decisiones del Gobierno frente al conflicto con los camioneros y la defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, marcaron las declaraciones del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien destacó la capacidad de negociación del Ejecutivo y cuestionó los argumentos de la oposición para impulsar una acusación constitucional contra el secretario de Estado. Aunque reconoció errores políticos en la gestión de Rabat, el parlamentario sostuvo que estos no constituyen motivos suficientes para una eventual destitución.
En entrevista con Estado Nacional de TVN, Ramírez abordó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las principales confederaciones de transportistas, que busca reducir el precio de los combustibles y que deberá ser discutido en el Congreso durante los próximos días.
El dirigente gremialista valoró especialmente la rapidez de las negociaciones y destacó el papel del ministro Claudio Alvarado en la resolución del conflicto.
“el hecho de que esta negociación llevada adelante por el ministro, Claudio Alvarado, haya logrado llegar a buenos términos y rápido, creo que es un punto positivo para el Gobierno”, declaró.
Asimismo, respaldó el trabajo desarrollado por Alvarado y el ministro Jorge Quiroz, descartando que el resultado de las conversaciones deba interpretarse como un triunfo individual de alguna de las autoridades.
“Felicito al ministro Alvarado y Quiroz, porque por alguna razón estos días he recibido puras preguntas de (...) si aquí ganó Alvarado o ganó Quiroz (...) esto es un trabajo en equipo, salen ganando todos”, afirmó.
El presidente de la UDI también cuestionó las críticas provenientes de la oposición y expresó su expectativa de que las medidas acordadas con los camioneros obtengan un respaldo transversal cuando sean sometidas a votación.
“A nuestros amigos de izquierda les sugeriría no hablar tanto, porque tengo la impresión de que llegado el minuto lo van a apoyar”, sostuvo.
En esa misma línea, anticipó un amplio apoyo parlamentario a la iniciativa.
“Apostaría que esto va a ser aprobado por una aplastante mayoría de parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”, señaló.
Otro de los temas abordados por el diputado fue la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en medio de los cuestionamientos por la rebaja de condenas y liberación de 56 personas condenadas por delitos sexuales.
La controversia se conoció el pasado 30 de septiembre, luego de una investigación publicada por el medio Interferencia, y generó críticas a la gestión de la cartera.
Ramírez reconoció que existieron decisiones políticamente cuestionables, pero sostuvo que aquello no implica necesariamente una infracción constitucional que justifique la destitución del ministro.
“Rabat sí tenía opciones, por eso es un error político, error que reconoció el Presidente, el vocero y el mismo Rabat. Pero (...) no hay mérito constitucional para destituir al ministro y sancionarlo sin que pueda participar en la actividad pública durante cinco años”, afirmó.
El parlamentario insistió en que la acusación carece, a su juicio, de argumentos jurídicos suficientes y defendió la actuación del secretario de Estado respecto de las atribuciones que establece la legislación.
“El problema en esta acusación es que no hay absolutamente ni un solo argumento jurídico que permita abrir la puerta y decir, mire, acá hay un pequeño error. (...) La verdad es que el ministro Rabat fue extremadamente riguroso en cumplir con la ley. Porque en el derecho público tú no puedes tomarte atribuciones que están puestas en otros organismos”, sostuvo.
En ese contexto, explicó que la decisión sobre determinados beneficios penitenciarios corresponde a una instancia específica y no puede ser modificada unilateralmente por el titular de Justicia.
“La ley le da al Comité de evaluación de Rebaja de pena la posibilidad de decidir si una persona tiene o no el beneficio. El Ministro no puede cambiar esa decisión”, puntualizó.
Las declaraciones del presidente de la UDI se producen en medio de la controversia que también derivó en la salida del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, quien dejó su cargo el pasado 30 de octubre, tras los cuestionamientos por su participación en el proceso y la difusión de un video en redes sociales en el que abordó la situación de la cartera.
De esta manera, Ramírez reafirmó su respaldo a la gestión del Gobierno en las negociaciones con los transportistas y defendió la permanencia de Fernando Rabat, diferenciando los errores políticos que reconoce en su actuación de las eventuales responsabilidades constitucionales que deberá evaluar el Congreso.
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