A través de un oficio, con fecha 10 de junio, el mandatario afirmó que "no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. Apenas se me informó, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso".
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El Presidente Boric se refirió a la colaboración que ha prestado el Gobierno a la comisión que investiga la fallida venta de la casa perteneciente a Salvador Allende.
Mediante un oficio hecho llegar a la Cámara de Diputados, el mandatario expresó que “como es de su conocimiento, nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional excluyen al Presidente de la República de las autoridades que deben comparecer ante las Comisiones Especiales Investigadoras”.
“Sin embargo, quisiera complementar brevemente lo planteado por las autoridades de gobierno y los demás funcionarios que han comparecido ante su Comisión, en cuyas presentaciones ya respondieron muchas de las preguntas que se me formulan que son de interés de esta instancia”, señala el oficio.
“A esta comisión investigadora asistieron y colaboraron el ministro del Interior, Álvaro Lizalde; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo; el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; la directora de Presupuestos, la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, el director de la Secretaría de Bienes Nacionales, la secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, entre otros asesores y funcionarios. La colaboración del Gobierno ha sido total y espero que este escrito también sea de ayuda”, agrega el Presidente.
“Como he señalado públicamente, tengo la convicción, hasta el día de hoy, de que las casas de los expresidentes Aylwin y Allende deben ser patrimonio público. Esta voluntad de rescate de la memoria histórica y de conservación patrimonial estuvo en la base de esta iniciativa”, continúa.
“Dada la naturaleza de mi función, mi rol en el proceso de adquisición de la casa del presidente Allende fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra, respecto del cual, como es sabido, la Contraloría General de la República tomó razón”, explica el mandatario.
“Quiero señalar que no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. Posteriormente, apenas se me informó de las consecuencias que podría tener la adquisición, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso, tal como se informó a la opinión pública el pasado 3 de enero del presente año”, recordó el jefe de Estado.
“Respecto a las responsabilidades de lo sucedido, hice valer la responsabilidad política de la ministra de Estado, de cuya cartera dependía la ejecución de esta tarea. Hay un sumario administrativo en curso para establecer otras responsabilidades y como informó el ministro Figueroa ante esta comisión, se ordenó elaborar un manual de adquisición en el Ministerio de Bienes Nacionales para perfeccionar este tipo de procedimientos en el futuro”, complementó.
“Es parte del compromiso de este Gobierno contribuir a que las instituciones funcionen bien, promover la transparencia para enfrentar las dificultades y ser proactivos en mejorar los procesos ya existentes”, añadió.
“Por ello, y tal como lo señalé al inicio, nuestro Gobierno ha colaborado activamente en esta Comisión y con la investigación que dirige el Ministerio Público y ha ejecutado con celeridad las medidas que corresponden cuando este tipo de situaciones ocurren”, finaliza el oficio con fecha 10 de junio.
PURANOTICIA
