La bancada de diputados pidieron la salida del titular de Carlos Montes y de la subsecretaria Tatiana Rojas Leiva, "quienes debieron adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar situaciones anómalas".
El Partido Republicano solicitó la renuncia del ministro de vivienda, Carlos Montes, y de la subsecretaria Tatiana Rojas, luego que se dieran a conocer los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva.
Mediante un comunicado, la bancada de diputados señaló que tras las "denuncias y de la información pública disponible" respecto a este caso y "las declaraciones cruzadas del senador Juan Ignacio Latorre y el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, es que consideramos que dicha autoridad y la Subsecretaria de la cartera no son garantía de transparencia ni de colaboración con la justicia y la fiscalización correspondiente".
Asimismo, indicaron que "las denuncias de transferencias de fondos a organizaciones específicas ligadas al oficialismo generan dudas sobre la gestión financiera y la imparcialidad en el Ministerio de Vivienda".
"Es imperativo que los altos funcionarios públicos actúen de manera transparente y responsable frente a cualquier acusación o sospecha de irregularidad", añadieron.
En esta línea, pidieron la salida del titular de vivienda y de la subsecretaria Tatiana Rojas Leiva, "quienes debieron adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar situaciones anómalas como las protagonizadas por el renunciado Seremi de la cartera en Antofagasta y la pareja de la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez", subrayaron.
"Estas renuncias permitirán que se realicen las investigaciones correspondientes de manera imparcial y sin interferencias, y que se restablezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado", afirmaron.
Cabe señalar que la Fiscalía inició una investigación, luego que se hiciera pública la renuncia de Carlos Contreras a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, en medio de controversias relacionadas con tres convenios que habría firmado con la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, que habría sido beneficiada con un monto de $426 millones.
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