Luis Antonio Berwart Araya deberá pagar, además, una multa superior a los $960 millones tras ser hallado culpable de delitos reiterados que involucran cerca de $40 mil millones.
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El Juzgado de Garantía de San Fernando dictó sentencia contra el otrora alcalde Luis Antonio Berwart Araya, imponiéndole una pena única de ocho años de presidio efectivo.
El fallo lo sindica como autor de los delitos consumados y reiterados de soborno y fraude al fisco. Además del tiempo en prisión, Berwart fue condenado a cancelar una multa que asciende a $960.613.481, sumado a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos, oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras se extienda su condena.
Bajo la modalidad de un procedimiento abreviado, el magistrado Erick Ríos Leiva estableció también una sanción accesoria especial. Esta consiste en la inhabilitación absoluta y perpetua para que el condenado desempeñe cargos, empleos, oficios o profesiones en entidades que mantengan contratos con organismos o empresas estatales, o en aquellas donde el Estado posea participación mayoritaria. La restricción se extiende igualmente a firmas que operen concesiones estatales o que provean servicios de utilidad pública.
Respecto al cumplimiento de la sanción, el texto judicial es taxativo al señalar que “la pena corporal precedentemente impuesta deberá ser de cumplimiento efectivo, toda vez que el sentenciado no reúne los requisitos previstos en la Ley 18.216 para acceder a pena sustitutiva alguna”. En la misma línea, el tribunal descartó beneficios alternativos para el pago de la sanción económica, indicando que “Se declara en la especie que no resulta aplicable la sustitución de la pena de multa por servicios en beneficio de la comunidad, así mismo tampoco el apremio de sustituir dicha pena pecuniaria por días de reclusión”.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado manifestó su postura durante la audiencia, reservándose la facultad de entablar las acciones civiles pertinentes contra el sentenciado. El objetivo de estas medidas será buscar el resarcimiento de los perjuicios provocados al erario público.
Las cifras del desfalco investigado son de gran magnitud, alcanzando aproximadamente los 40 mil millones de pesos. De ese total, el Ministerio de Educación mantiene actualmente una exigencia de pago por una deuda cercana a los 26 mil millones de pesos.
Al someterse al procedimiento abreviado, Berwart Araya reconoció la veracidad de los hechos presentados por el Ministerio Público en su acusación: "Luis Berwart Araya detentó la jefatura de la Municipalidad, la presidencia de la Corporación Municipal y la presidencia del Concejo Municipal, teniendo entonces, una posición privilegiada para la toma de decisiones para beneficiarse, asegurando su continuidad en el poder y defraudando al erario de la Cormusaf".
La resolución judicial profundiza en la dinámica de los ilícitos, sosteniendo que "Berwart Araya lideró en este contexto, una agrupación de funcionarios municipales y de la Corporación Municipal, destinada a obtener en forma ilícita dineros especialmente provenientes de área educación, para cubrir necesidades personales y las derivadas de los compromisos adquiridos antes y durante el ejercicio del cargo edilicio".
Finalmente, el fallo describe el destino de los fondos sustraídos, precisando que "Berwart Araya como consecuencia de la defraudación pudo cubrir deudas personales, préstamos comerciales, lealtades de concejales y dirigentes sindicales, en definitiva, contar con recursos para mantenerse en el poder, ser reelecto para un segundo periodo como alcalde, ser candidato para un tercer período y continuar así la defraudación al erario".
PURANOTICIA
